Dos dirigentes detenidos en los últimos meses por supuestos fraudes y blanqueo de dinero, hacen suponer a autoridades judiciales y gubernamentales que el dinero "sucio" ha penetrado al fútbol de Costa Rica, donde en los últimos años crecieron inversiones en fichajes y estadios con canchas sintéticas.

El caso más reciente es el del presidente y máximo accionista del Limón FC, Carlos Pascall, quien es sospechoso de recibir unos 30 millones de dólares de un hermanastro que está cumpliendo una condena de 10 años de cárcel en Estados Unidos por posesión de arma.

Según la investigación de las autoridades, el dinero provendría de un fraude fiscal de una compañía de tabaco en Estados Unidos.

Pascall, quien fue detenido el pasado jueves en su residencia en Limón (Caribe), figura como sospechoso de lavado de dinero, un delito por el que podría ir 15 años a prisión.

Las autoridades le dictaron el viernes seis meses de prisión preventiva a este empresario que tiene diversas inversiones como hoteles, restaurantes, discotecas y en el Limón FC, equipo que bajo su administración ascendió a la primera división costarricense en 2010, y en 2011 figuró entre los mejores del torneo.

Pascall remodeló el vetusto y deteriorado estadio Juan Gobán, de la provincia de Limón, le instaló una cancha sintética y con ello atrajo nuevamente a la afición caribeña, a la que llenó de ilusión y se ganó su cariño al abrir fuentes de empleo en una zona caracterizada por las pocas oportunidades.

Los equipos costarricenses, con excepción de los 'grandes' Saprissa y el Alajuelense, son generalmente pobres y con presupuestos que difícilmente alcanzan para darle mantenimiento a un estadio grande y a una nómina cara.

La fiebre de la compra de franquicias se desató hace unos cinco años y el primero en hacerlo fue Minor Vargas, quien compró al Brujas y al Barrio México de la primera división, remodeló varios estadios, colocó numerosas canchas sintéticas en el país y dio ayuda financiera a varios equipos de la segunda división.

El origen de sus fondos, según afirmó Vargas varias veces a la prensa, provenían de inversionistas extranjeros conocidos suyos, a quienes les interesaba el desarrollo del deporte.

Sin embargo, Vargas fue arrestado en enero pasado en Estados Unidos como sospechoso de un fraude de seguros por unos 670 millones de dólares y en Costa Rica las autoridades investigan si sus empresas tienen algo que ver con ese dinero.

Tras la detención de Vargas, el Brujas entró en crisis económica y deportiva al no contar con fuentes de financiación, al igual que el Barrio México que fue expulsado de la primera división en marzo pasado por diversos problemas legales y deudas.

Estos asuntos han generado preocupación en las autoridades judiciales y hasta en la misma presidenta del país, Laura Chinchilla, acerca de la utilización del deporte para cubrir actividades ilícitas.

"Esto es una clara señal del interés que tenemos de llegar hasta donde tengamos que llegar y ojalá hasta la cúspide de las estructuras delictivas que tiene el país, y a donde más les duele, que es el lavado de dinero", afirmó Chinchilla a la prensa local al referirse al arresto de Pascall.

La mandataria aseguró que no le "sorprende" que se estén utilizando equipos de fútbol para presuntas actividades delictivas, ya que "se ha dado en otras ocasiones y en otras partes del mundo".

"Es una prioridad del Gobierno (la lucha contra el crimen organizado) y nos estaremos llevando por delante a quien nos tengamos que llevar, con independencia de quien sea", expresó la presidenta.

Por su parte, la Unión Nacional de Fútbol (Unafut), que organiza la Liga de primera división, calificó en un comunicado como "lamentable" que "un presidente de uno de los clubes afiliados esté viviendo ese tipo de situaciones", al referirse al caso de Pascall.

Sin embargo, dijo que no se referiría al fondo del asunto al ser un caso judicial y afirmó que no hay razón para que el Limón FC se vea afectado por los hechos, ya que tiene patrocinadores y una junta directiva fuertes.