Cuando se cumple hoy un año del incidente que desató el peor escándalo que ha sacudido China desde la matanza de Tiananmen, el "caso Bo Xilai" sigue abierto, sin que aún se conozcan los cargos contra uno de los políticos más destacados del país del último trienio.

El 6 de febrero de 2012, Wang Lijun, quien hasta días atrás había ocupado el puesto de responsable policial de Chongqing (centro), entró en el Consulado de EEUU de la vecina Chengdu, en un supuesto intento de protegerse de Bo, entonces secretario general del Partido Comunista (PCCh) en su ciudad y su jefe directo.

Según reveló la investigación judicial meses después, Wang había tenido una seria discusión con Bo, hasta el punto de que el ex líder le había "abofeteado", y, ante el temor de mayores represalias, decidió refugiarse en la legación estadounidense, que nunca ha filtrado los pormenores de la visita.

Tras permanecer allí alrededor de 24 horas, Wang abandonó el Consulado por su propio pie, no sin antes revelar, supuestamente, el tejido de corrupción que Bo -su padrino político en Chongqing- había urdido en la metrópolis y la implicación de su esposa, Gu Kailai, en el homicidio del empresario Neil Heywood en noviembre de 2011.

Este asunto fue, precisamente, lo que habría enfrentado a Bo y Wang -hasta entonces aplaudidos por la lucha contra las mafias que habían emprendido en Chongqing- y la razón por la que el ex policía habría decidido intentar refugiarse en el Consulado americano.

El paso de Wang por la legación de EEUU fue el detonante de un escándalo lleno de claroscuros que tiene como gran protagonista a Bo, quien hasta entonces era un político con una prometedora carrera que había destacado por granjearse tanto fuertes apoyos como detractores en el seno del Partido al reimplantar en Chongqing costumbres maoístas.

Un año después, Wang cumple una pena de cárcel de 15 años por manipular las leyes en su beneficio propio, deserción, abuso de poder y soborno, una sentencia "atenuada" por su colaboración con la Justicia, tal y como apuntó la Fiscalía durante su juicio en septiembre.

Gu, por su parte, fue condenada en agosto a la pena de muerte suspendida -en la práctica cadena perpetua- por el homicidio voluntario del británico, amigo íntimo de la familia, a quien la sentencia señala que envenenó, encubierta por Wang hasta que el ex policía fue degradado y vio cómo otros compañeros eran destituidos.

Si bien los juicios contra Gu y Wang se resolvieron rápidamente, el proceso de Bo está siendo un camino arduo que ha abierto la puerta a multitud de especulaciones sobre el castigo final que se impondrá al hijo del líder revolucionario Bo Yibo.

Acusado de corrupción y hasta de "tener relaciones con muchas mujeres" por el Partido, la defenestración de Bo ha sido paulatina, y comenzó por su destitución como secretario general del PCCh en Chongqing para finalizar en la retirada de su inmunidad legal al ser expulsado de la Asamblea Popular a finales de año.

Todos los pasos -incluido el anuncio de una investigación en su contra por parte de la Fiscalía- parecen conducir a su imputación, aunque los procuradores del país comunista todavía no se han pronunciado sobre los delitos de los que se le acusa.

La celebración de su esperado juicio ha sido objeto de constantes rumores. El último, divulgado por un periódico hongkonés, apuntó a que la vista tendría lugar en Yunnan (sur) hace apenas dos semanas, una información que se demostró errónea.

Si bien para algunos la demora es un enigma, fuentes diplomáticas consultadas por Efe defienden que se trata de un retraso "estudiado" por el Partido, que ahora esperaría a concluir el encuentro anual de la Asamblea Popular del próximo marzo -de la que saldrá investido Xi Jinping como presidente de China- para retomar el caso.