El Tribunal Constitucional de Bolivia declaró inconstitucionales cuatro artículos de una ley que han sido utilizados por el partido del presidente Evo Morales para suspender a autoridades electas pertenecientes a partidos de la oposición, informaron fuentes legislativas.

El diputado opositor Tomás Monasterios indicó a Efe que el tribunal declaró inconstitucionales los artículos 144, 145, 146 y 147 de la Ley de Autonomías, que permitían la suspensión de una autoridad si un fiscal presentaba una acusación formal simple.

Monasterios fue quien presentó en julio del año pasado una demanda contra esos artículos y está a la espera de que se le notifique oficialmente el fallo en las próximas horas, aunque la decisión del Tribunal fue adelantada hoy por su partido y también por los medios de comunicación.

Según la fuente, los artículos anulados contradecían la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución boliviana, en la que se establece que las autoridades electas en las urnas solo puede ser suspendidas si en su contra hay una "sentencia ejecutoriada" o definitiva.

El diputado de Convergencia Nacional (CN), fuerza minoritaria en el parlamento, dominado por el partido del presidente Morales, dijo que este es un "triunfo de la democracia sobre el autoritarismo".

"Ha habido una cacería de brujas incesante con una judicialización de la política con la que se ha destituido a un sinnúmero de autoridades electas", dijo el legislador opositor.

La normativa fue aplicada al menos en un centenar de casos, entre los que destacan la suspensión de los gobernadores de los departamentos de Tarija, Mario Cossio, y Beni, Ernesto Suárez, en 2010 y 2011, respectivamente.

Ambos fueron depuestos por acusaciones de corrupción procedentes del partido gobernante y sus aliados, cargos que ellos rechazan.

Cossío está asilado en Paraguay y Suárez, tras su suspensión, renunció al cargo para hacer posible una nueva elección en Beni, que ganó el mes pasado su correligionario Carmelo Lens.

Suárez declaró hoy que el fallo muestra que la ley de Autonomías fue elaborada en 2010 "exclusivamente para destituir a autoridades opositoras al Gobierno", en lo que calificó de "golpes regionales".

Por esta normativa también fueron destituidos en 2010 los entonces alcaldes de Potosí, René Joaquino, y Sucre, Jaime Barrón.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, destacó que los fallos del Constitucional no son retroactivos, con lo que ninguna de las autoridades suspendidas puede volver al cargo.

La presidenta del Colegio Nacional de Abogados y expresidente del Constitucional Silvia Salame confirmó a radio Fides que no es una sentencia retroactiva, pero dijo que los afectados pueden demandar a quienes usaron la norma para violar la Constitución.

Además, según el diputado Monasterios, el gobernador opositor del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, ya no podrá suspendido de su cargo como pretendía el partido oficialista a través de diversas denuncias en su contra.