La Cámara de Diputados de Brasil eligió hoy como nuevo presidente a Henrique Eduardo Alves, parlamentario del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y con pendencias judiciales que salpican su gestión desde el primer día.

La situación de Alves, quien ocupará el cargo durante dos años, es similar en algún sentido a la del nuevo presidente del Senado, Renan Calheiros, también del PMDB y elegido el pasado viernes a pesar de que la Fiscalía lo ha acusado ante el Tribunal Supremo por su presunta responsabilidad en asuntos de corrupción.

Alves disputó la presidencia de la Cámara baja con otros tres candidatos y fue elegido con 271 votos, gracias al sólido apoyo de la mayoría de los miembros del PMDB, que con 90 de los 513 diputados constituye la principal fuerza política en ese órgano legislativo.

Su candidatura causó polémicas incluso dentro del propio PMDB, al punto de que la diputada Rose de Freitas, del mismo partido, también se postuló a la presidencia de la Cámara baja y hoy mismo alertó del "riesgo" de elegir a un candidato sospechoso de corrupción.

"No debería haberse presentado, porque su candidatura deja a todo el Congreso bajo sospecha", manifestó de Freitas, quien sólo fue respaldada por una minoría de parlamentarios del PMDB.

Alves también recibió apoyo del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la presidenta del país, Dilma Rousseff, y que, del mismo modo, el pasado viernes se había inclinado en el Senado por la candidatura de Calheiros.

En su primer discurso como nuevo presidente de la Cámara baja, Alves dedicó algunas palabras a rebatir informaciones publicadas en la prensa durante los últimos días, en las que fueron repasados sus problemas con la Justicia y se ventilaron nuevas sospechas.

"Son documentos apócrifos" y "acusaciones sin rostro" surgidas al calor del debate sobre su candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados, aseguró Alves, abogado de 64 años y el legislador con más antigüedad hoy en el Congreso, en el que ocupa un escaño desde 1970.

Sus pendencias con la Justicia comenzaron hace una década, cuando dejó temporalmente el Congreso para asumir el cargo de secretario de Gobierno en el estado de Río Grande do Norte.

Alves fue acusado de utilizar recursos públicos para campañas de promoción personal, lo cual fue considerado probado por un tribunal de primera instancia que, en mayo de 2011, decidió suspender todos sus derechos políticos por tres años.

Esa sentencia fue recurrida por Alves, quien está a la espera de la decisión de un tribunal superior que deberá confirmar o rechazar la condena, que en la práctica le impediría ocupar o ser candidato a cualquier cargo público.