El procurador general de Brasil, Roberto Gurgel, afirmó que, entre hoy y el lunes, remitirá unas denuncias de corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva al sistema de Justicia ordinaria.

Gurgel, en declaraciones a periodistas, dijo que enviará las denuncias, que suman "de tres a cuatro páginas" de testimonios, al Ministerio Público de Sao Paulo, órgano que será responsable de analizarlas y decidir si inicia un proceso judicial o las archiva.

Como Lula no ocupa ningún cargo público, ha perdido el foro privilegiado que supone el Supremo Tribunal Federal y ahora puede ser juzgado por la Justicia común.

Las denuncias fueron vertidas por uno de los reos en el llamado "juicio del siglo", que se refiere a una red de corruptelas tejidas por el Partido de los Trabajadores (PT) durante el primer mandato de Lula y por el que 25 políticos y empresarios han sido condenados, entre ellos influyentes dirigentes del PT.

El caso se refiere a la recaudación ilegal de fondos millonarios, en buena medida procedentes de organismos públicos, que se usaron para financiar campañas electorales y sobornar a dirigentes de cuatro partidos políticos a cambio de su apoyo en el Congreso.

El delator de Lula es el empresario Marcos Valerio Fernandes, considerado como el pivote del escándalo y que ha sido condenado a 40 años de prisión por el Supremo.

Tras conocer su condena el pasado diciembre, Fernandes se ofreció a incriminar a Lula para tratar de negociar una reducción de su pena, algo a lo que el Supremo se ha negado.

A lo largo de los siete años que duró la investigación surgieron diversas denuncias sobre la presunta responsabilidad de Lula en el caso, pero la Fiscalía nunca encontró pruebas que le implicaran.

El Supremo consideró que el jefe del grupo que organizó toda la trama fue José Dirceu, un estrecho colaborador de Lula y quien entonces ocupaba el ministerio de la Presidencia, la cartera más importante del Gobierno.