Guatemala pedirá a Belice reformar su legislación interna sobre referendos, para garantizar el éxito de la consulta popular que de manera simultánea prevén realizar ambos países, antes de llevar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el litigio territorial que mantienen desde hace más de un siglo.

Un portavoz de la Presidencia de Guatemala dijo hoy a Efe que "en los próximos días" el Gobierno pedirá a la Organización de Estados Americanos (OEA), que media entre ambos país en la solución de este conflicto, que intervenga para que Belice acceda a reformar su legislación.

Las Constituciones de Guatemala y Belice obligan a que cualquier solución definitiva al litigio territorial sea ratificada por la población por medio de un referendo, por lo que ambos Gobiernos acordaron el año pasado celebrar una consulta popular simultánea el próximo 6 de octubre.

Sin embargo, Guatemala teme que los cambios hechos a la legislación beliceña sobre referendos aprobados antes de acordar esa consulta, haga fracasar la misma.

La nueva normativa establece que para que el referendo tenga validez es necesaria la participación de al menos el 60 % de los ciudadanos beliceños registrados en su padrón oficial.

Gustavo Orellana, integrante de la denominada "Comisión de Belice" del ministerio guatemalteco de Relaciones Exteriores, en declaraciones al local diario Prensa Libre, dijo que esa exigencia en la ley beliceña dificultará que el referendo para llevar el litigio a la CIJ sea exitoso.

En los últimos años Belice "ha hecho un par de consultas en las que han obtenido de 30 a 35 %" de participación, por lo que "poner un 60 % de mínimos de votantes va a dificultar tremendamente" la consulta sobre este caso, explicó Orellana.

María Eugenia Villagrán, presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, dijo a los periodistas que para que la consulta sea viable en Belice, ese país debe reformar su legislación interna porque lograr que el 60 % de la población acuda a las urnas, y que al menos el 51 % vote a favor, es algo "difícil".

"Esto nos pone en una situación muy desigual, ya que en el caso de Guatemala es una mayoría relativa la que se requiere para la aprobación de una consulta popular", explicó Villagrán.

Si Belice no accede a reformar su legislación, Guatemala podría posponer la consulta popular programada para el próximo 6 de octubre, añadió la funcionaria.

Aunque Guatemala reconoció en 1991 la independencia de Belice, mantiene el reclamo por un total de 12.272 kilómetros cuadrados en el vecino país, lo que representa el 50 % del territorio de la antigua colonia británica, que incluye varias islas y cayos.

La falta de acuerdo al respecto llevó a la OEA a mediar entre ambos países en un proceso de diálogo y negociación que durante más de diez años fue estéril.

Para lograr una solución definitiva al conflicto, la OEA propuso en 2007 a las partes llevar el caso a la CIJ para que los magistrados de ese alto tribunal tomasen una decisión definitiva sobre las pretensiones de Guatemala.

La propuesta fue aceptada por los dos Gobiernos, pero debido a que las constituciones guatemalteca y beliceña así lo establecen, antes de tomar cualquier decisión al respecto las autoridades deberán consultarlo con la población.

Según las normas del derecho internacional, el fallo que emita la CIJ sobre el caso será inapelable y de inmediato cumplimiento por los dos países.