El Gobierno de Chipre reiteró hoy su negativa a vender las empresas públicas, una exigencia que pone la troika internacional de acreedores a cambio de un rescate financiero.

El portavoz del Gobierno, Stéfanos Stefanu, insistió hoy, en una reunión con sindicatos, en que el Gobierno mantendrá su oposición a la privatización, "a pesar de que algunos en Europa consideran que las privatizaciones forman parte de las reformas estructurales de la economía".

Uno de los principales argumentos que esgrime el Gobierno de Nicosia para rechazar la privatización es que parte de las acciones resultantes de la venta podrían ir a parar a empresas de Turquía, país que tiene ocupado el norte de la isla desde 1974.

Stefanu se defendió de los ataques de algunos países que acusan a Chipre de haber fomentado el blanqueo de dinero y aseguró que detrás de esos reproches hay "conveniencias e intereses".

"¿Por qué esta insistencia de algunos de acusar infundadamente a Chipre de blanqueo de dinero o de ser un paraíso fiscal?", se preguntó el portavoz.

En declaraciones previas al diario Fileléfteros, el portavoz rechazó tajantemente la exigencia alemana de supervisar los bancos chipriotas para controlar si ha habido lavado de dinero.

"Chipre ha obtenido buena nota en la aplicación de la legislación europea e internacional", recalcó Stefanu para añadir que la UE tiene procedimientos precisos en materia de blanqueo de dinero y de transparencia y ya existen comisiones de control, a nivel comunitario e internacional.

Con estas declaraciones, Stefanu hizo indirectamente referencia a los diarios alemanes según los cuales Berlín ha pedido el envío a Chipre de expertos para controlar cuestiones de blanqueo y de evasión fiscal.

Chipre, que se encuentra en recesión, había solicitado en junio pasado a sus socios de la eurozona un rescate financiero, que hasta el día de hoy sigue sin materializarse.

El Gobierno chipriota necesita salvar sobre todo su sector bancario, muy expuesto a la crisis de Grecia, y requiere fondos ante la imposibilidad de financiarse en los mercados internacionales.

El Ejecutivo chipriota ha cerrado sólo un acuerdo preliminar con la troika sobre un préstamo total de 17.500 millones de euros, lo que equivale casi al total de su producto interior bruto (PIB) anual.