Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy que Guatemala pretende cerrar la puerta de la justicia a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra interna (1960-1996), al tratar de limitar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

"El acuerdo firmado recientemente por el presidente Otto Pérez Molina para limitar la competencia de la CorteIDH cierra la puerta a la justicia para miles de víctimas en el país", dijo AI en un comunicado de prensa divulgado el viernes en esta capital.

De hacerse efectivo ese decreto, se "dejará a las miles de víctimas de casi 30 años de conflicto que siguen clamando justicia, sin acceso a la corte, su último recurso si el sistema judicial en Guatemala les niega justicia", señaló AI en referencia a los afectados por la guerra interna que vivió el país entre 1960 y 1996.

Por medio de un acuerdo oficial o decreto publicado el pasado 2 de enero en la gaceta del Gobierno y suscrito por Pérez Molina, el Estado guatemalteco decidió no reconocer los fallos emitidos por la CorteIDH en casos ocurridos antes de marzo de 1987, apoyado en una "reserva" en vigor desde esa fecha.

Una avalancha de críticas en contra de esa medida obligó a Pérez Molina, un día después, a suspender el acuerdo y ordenó que el mismo no fuera notificado a la CorteIDH hasta buscar consenso con las organizaciones locales de derechos humanos que acusan al Gobierno de pretender proteger a los militares responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas antes de 1987.

AI indicó que la CorteIDH, "tiene autoridad para resolver la interpretación y aplicación de la Convención Americana y otros instrumentos legales relevantes", y que el Estado guatemalteco "no puede decidir unilateralmente aplicar la Convención en la manera que más le conviene, ignorando la competencia de la Corte y su jurisprudencia".

Sebastián Elgueta, investigador sobre Guatemala de AI, en declaraciones recogidas en el comunicado, anotó que "el Gobierno de Pérez Molina pretende extender la impunidad para violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto interno armado, que incluyeron genocidio, masacres, desapariciones forzadas, violencia sexual y tortura".

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jorge de León, ha dicho que la decisión del Gobierno no puede ser aplicada debido a que ha sentado "jurisprudencia" pues anteriormente el Estado ha acatado los fallos emitidos por la CorteIDH sobre casos ocurridos antes de 1987.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de aplicar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que ha condenado a Guatemala por masacres de civiles ocurridas a principios de la década de 1980 por miembros del Ejército.

Según la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, la guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 dejó más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados.