El Gobierno peruano creó hoy una mesa de trabajo para el desarrollo del distrito de Kañaris, ubicado en la región norteña de Lambayeque, una localidad que anuncia protestas contra el proyecto de la minera canadiense Candente Copper.

Una resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros publicada hoy en la gaceta oficial señala que la conformación del grupo de trabajo tiene la finalidad de promover el desarrollo integral de Kañaris y apoyar en la implementación de los proyectos y ejecución de obras presentadas por sus autoridades.

La mesa de trabajo estará integrada por ocho representantes de igual número de ministerios, tres representantes de la región y de los municipios respectivos, así como cuatro delegados de las comunidades en las que se levantará el campamento minero, entre otras personas.

Candente Copper tiene previsto invertir 1.500 millones de dólares en el desarrollo de la mina Cañariaco para producir 262 millones de libras de cobre anuales, además de una menor cantidad de oro y plata, por un periodo de 22 años.

No obstante, las comunidades campesinas que viven en las inmediaciones del proyecto minero han anunciado esta semana que reanudarán las protestas contra la empresa para impedir que continúen con sus exploraciones, informó a Efe una fuente de la municipalidad provincial de Ferreñafe, a la cual pertenece Kañaris.

Los pobladores de la comunidad de San Juan de Kañaris acordaron ayer impedir el paso de los trabajadores de Candente e instalarse en la zona de exploración en los próximos días.

Dos consultas populares realizadas en Kañaris el año pasado, para autorizar el proyecto minero en esa localidad, dieron resultados contradictorios, pero los dirigentes campesinos respaldan la última asamblea de septiembre pasado en la que unos 3.000 pobladores rechazaron las actividades de Candente.

El Gobierno del presidente Ollanta Humala afronta una serie de conflictos sociales en el país por la negativa de comunidades campesinas e indígenas de permitir las actividades mineras o petroleras en sus jurisdicciones por afectar su acceso al agua o a los recursos naturales.

Uno de los proyectos mineros más ambiciosos de los últimos años, llamado Conga y que tenía previsto invertir 4.800 millones de dólares para producir oro y cobre, fue postergado temporalmente por la empresa Newmont debido a la negativa de su población a permitir su desarrollo, a pesar de que contaba con la autorización del Ejecutivo.