Guatemala es el único Estado que ha invocado una reserva sobre el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para limitar su jurisdicción, dijo el presidente del tribunal, Diego García Sayán, en una entrevista publicada hoy por el diario guatemalteco Prensa Libre.

El magistrado dijo que hasta donde recuerda, ninguno de los Estados adheridos a la Convención que creó la CorteIDH había invocado una reserva, como pretende hacerlo Guatemala para limitar las actuaciones del tribunal a casos posteriores a 1987.

"No, hasta donde yo recuerdo, no", respondió García Sayán al ser preguntado sobre si algún otro Estado había hecho algo similar.

Un decreto ejecutivo firmado por el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, y publicado en el Diario Oficial (gaceta) el pasado día 2, estableció que el Estado no reconocerá los fallos emitidos por la CorteIDH en casos ocurridos antes de marzo de 1987, apoyado en una "reserva" en vigor desde esa fecha.

Un día después y en medio de una avalancha de críticas, Pérez Molina suspendió el decreto y anunció una ronda de conversaciones con las organizaciones locales de derechos humanos para buscar un consenso sobre el tema.

"Vamos a buscar ese diálogo con los grupos de derechos humanos y de ahí sacaremos las conclusiones, y sacaremos las decisiones que correspondan", precisó el pasado día 3 el gobernante y general retirado.

Los activistas guatemaltecos han acusado al Gobierno de Pérez Molina de pretender proteger a los militares responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas antes de 1987, en el contexto de la cruenta guerra interna que vivió el país entre 1960 y 1996.

García Sayán dijo al diario La Prensa Libre que oficialmente el Estado de Guatemala no ha notificado a la CorteIDH la decisión de limitar su competencia a casos ocurridos después de 1987, y aseguró que conoce del asunto por lo que han informado los medios de comunicación.

Guatemala "sigue siendo un país que ha reconocido plenamente la competencia de la Corte", añadió el presidente del tribunal regional, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de aplicar la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jorge de León, ha dicho que la decisión del Gobierno no puede ser aplicada debido a que el Estado ya ha acatado los fallos emitidos por la CorteIDH sobre casos ocurridos antes de 1987, con lo que sentó "jurisprudencia" al respecto.

Desde 1996 a la fecha, la CorteIDH, con sede en Costa Rica, ha condenado a Guatemala por 28 casos de violaciones a los derechos humanos, la mayoría ocurridos antes de 1987, en el contexto de la guerra interna.