El presidente de EE.UU., Barack Obama, debe revaluar su promesa incumplida de 2009 de cerrar el penal estadounidense en Guantánamo (Cuba) y comprometerse a resolver la situación de quienes permanecen detenidos allí, dijo hoy Amnistía Internacional (AI).

El organismo defensor de los derechos humanos señaló en un comunicado que 166 detenidos permanecen en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, de los 779 que fueron trasladados allí desde 2002 en el marco de la lucha antiterrorista.

AI, que aboga por el fin de los tribunales militares, hizo su petición en vísperas del onceavo aniversario del traslado de los primeros prisioneros a Guantánamo y de la investidura de Obama para su segundo mandato el próximo 21 de enero.

La mayoría de los 779 hombres trasladados a Guantánamo desde 2002 estuvo bajo custodia de EE.UU. "durante años sin cargos ni juicio criminal", recordó AI.

Siete fueron condenados en un tribunal militar, incluyendo cinco que, en el marco de un acuerdo previo a su juicio, se declararon culpables a cambio de poder salir de Guantánamo, dijo AI.

Otros seis detenidos afrontan posibles sentencias de muerte -cinco de ellos en conexión con los atentados de 2001- tras ser enjuiciados en tribunales militares "que no reúnen las normas internacionales para un juicio justo", agregó.

"Todos los seis fueron sujetos a desapariciones forzosas antes de ser trasladados a Guantánamo y, entre otros abusos, dos de ellos fueron sometidos a la técnica de tortura conocida como 'asfixia simulada'", enfatizó AI.

El organismo mundial indicó que el Gobierno de EE.UU. mantiene en absoluto secreto los detalles de dónde estuvieron cinco de los seis presuntos terroristas bajo custodia de la CIA y qué tipo de tratamiento recibieron.

Rob Freer, investigador de AI en EE.UU., dijo que el argumento de EE.UU. de que es un "paladín" de los derechos humanos "no sobrevive a las detenciones en Guantánamo, los juicios en tribunales militares, o la ausencia de rendición de cuentas y rectificación de los abusos cometidos en el pasado por personal estadounidense".

Esos "abusos", según Freer, incluyen "la tortura y la desaparición forzosa".

Poco después de llegar al poder en enero de 2009, Obama prometió resolver las detenciones en Guantánamo y cerrar el penal en un plazo de un año.

Además, agregó AI, Obama ordenó un fin al uso de los métodos coercitivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en los interrogatorios a presuntos terroristas y de las cárceles clandestinas.

Pero Obama "adoptó el paradigma errado y unilateral de Estados Unidos de la lucha global (contra el terrorismo), y aceptó las detenciones indefinidas bajo ese marco", se quejó AI.

En 2010, continuó AI, el Gobierno de Obama decidió mantener a unos cuarenta presuntos terroristas detenidos de forma indefinida, sin cargos ni juicio criminal, e impuso una moratoria a la repatriación de detenidos yemeníes.

El Gobierno de EE.UU. mantiene en pie la moratoria contra los yemeníes, 30 de los cuales permanecen en detención "condicional" debido a las condiciones actuales en el Yemen, dijo AI.

El grupo también criticó que Obama promulgó el pasado 2 de enero una ley de gastos de Defensa que incluyó cláusulas que "una vez más imponen obstáculos a la resolución de casos de los detenidos en Guantánamo".

AI se refería a la ley de gastos de Defensa para el año fiscal 2013 por 633.000 millones de dólares, que limita la autoridad del Gobierno de Obama para transferir a detenidos de Guantánamo a terceros países o a Estados Unidos.

Al promulgar esa ley, Obama reiteró su deseo de cerrar el penal en Guantánamo por considerar que su continua operación "debilita nuestra seguridad nacional mediante el desperdicio de recursos, el daño a nuestras relaciones con aliados clave y el fortalecimiento de nuestros enemigos".

Aunque la Administración Obama culpa al Congreso por la falta de avances para cerrar Guantánamo, "el derecho internacional no permite que las diversas ramas del Gobierno evadan los requisitos del derecho internacional mediante este tipo de juego de echar culpas", argumentó Freer.

AI consideró que sin un cambio real en el paradigma de "la lucha global" antiterrorista, de nada serviría el cierre de Guantánamo porque "las detenciones ilegales" simplemente continuarían en otro sitio.

Además, "la protección de individuos a través de cláusulas de impunidad y el continuo uso del secretismo también han facilitado el bloqueo de rendición de cuentas y la rectificación de abusos cometidos en Guantánamo, en los programas secretos de la CIA para la detención y traslado (de terroristas a terceros países), y en otras partes", advirtió AI.