El fiscal general egipcio, Talaat Ibrahim, retiró hoy su dimisión, anunciada hace tres días, ante el Consejo Superior de Justicia, informaron a Efe fuentes judiciales que no explicaron los motivos.

La agencia de noticias estatal Mena agregó, por su parte, que Ibrahim solicitó al presidente del Consejo Superior de Justicia retirar su dimisión, que debía presentar formalmente ante este órgano el próximo domingo.

La elección de Ibrahim el mes pasado ocasionó una gran polémica en la judicatura, ya que fue designado de forma directa por el presidente Mohamed Mursi a través de la declaración constitucional que emitió el pasado 22 de noviembre, cuando se trata de una prerrogativa reservada hasta ahora al poder judicial.

Como consecuencia de la decisión de hoy de Ibrahim, el Consejo Superior de Justicia celebró una reunión urgente, en la que ha decidido trasladar su petición al ministro de Justicia, Ahmed Meki, para que la estudie.

Ibrahim dimitió el pasado día 17 tras una manifestación de más de mil fiscales frente a la Corte Suprema de Justicia en El Cairo, que cercaron su oficina, para pedir su renuncia, al considerar que el decreto presidencial que lo nombró supone una "violación de la independencia de la magistratura y una intervención en sus labores".

Ibrahim reemplazó al antiguo fiscal general, Abdelmeguid Mahmud, considerado por sus críticos como próximo al régimen del depuesto presidente Hosni Mubarak.

Pese a que Mursi revocó finalmente su declaración constitucional del 22 de noviembre, no anuló sus "efectos", entre los que estaba el nombramiento de Ibrahim.

El cambio de opinión de este último se produce dos días antes de la celebración de la segunda fase del referéndum sobre la nueva Constitución, que parte de los jueces han decidido boicotear.

Ayer, el presidente del Colegio de Jueces de Egipto, la mayor asociación de magistrados del país, Ahmed al Zind, aseguró que están determinados a seguir adelante con el boicot.

Hace dos días, la principal asociación de jueces del Consejo de Estado -órgano de la justicia administrativa- anunció que no supervisará la segunda vuelta del referéndum, aunque sí lo hizo en la primera.

El juez Mohamed Hasan explicó a Efe que los 2.400 miembros de ese Colegio de Jueces aprobaron boicotear la consulta, lo que dificulta su celebración, ya que en la primera ronda solo participaron un total de 6.666 magistrados.