El ministro nicaragüense de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, anunció hoy que hay tres empresas interesadas en comprar las distribuidoras de energía en Nicaragua, actualmente en manos de una filial de la española Gas Natural Fenosa.

"Probablemente (la filial nicaragüense de) Gas Natural va a estar vendiendo la totalidad de las acciones que tiene en las empresas (Disnorte y Dissur)" en Nicaragua, informó en rueda de prensa el ministro de Energía y Minas.

Las empresas interesadas en asumir la distribución de la energía en Nicaragua y que ya han iniciado conversaciones con la filial de la eléctrica española son las estadounidenses AEI y Active Energy, y Acdari, cuyo capital no fue precisado por esa cartera.

"Esperamos que ya esté resuelto para enero", adelantó el funcionario.

La filial de la compañía española, dueña de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur que distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde 2000 y por un período de 30 años, no ha hecho ningún comentario sobre esas supuestas negociaciones.

La eléctrica española cedió al Estado nicaragüense en mayo de 2008 el 16 % de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 11,5 millones de dólares (8,7 millones de euros), y un asiento en el consejo de administración de su filial en Managua.

Las distribuidoras Disnorte y Dissur poseen el 84 % de las acciones y 16 % el Estado de Nicaragua, según datos de la compañía.

Rappaccioli no descartó que la totalidad de las acciones de la filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa quede en manos de dos empresas distintas, aunque matizó que el 16 % de las acciones del Estado no son negociables.

Sostuvo que el Gobierno está atento a esas negociaciones "para que los resultados sean los mejores para el país".

El Gobierno de Managua y la filial de la eléctrica española mantienen una disputa por el problema de la evasión en el pago del consumo de electricidad.

La filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa demanda al Gobierno sandinista una solución al problema de las pérdidas por fraude en el servicio, de hasta 50 millones de dólares (37,8 millones de euros) anuales que dejan de percibir en facturación, incluido la sustracción de energía, según fuentes de esa compañía en Managua.

El Estado nicaragüense ofrece un subsidio para amortiguar parte de las pérdidas por fraude, aunque pide más inversión a la filial de la compañía española.

Rappaccioli ha dicho que esperan que la distribuidora opere de manera apropiada, asuma costes, invierta más y de buena atención a los clientes.

El ministro dijo que la empresa que desee comprar las acciones de la filial de la eléctrica española tendrá las mismas condiciones.

Eso significa que estará "obligada a trabajar con mayor eficiencia, ofrecer una mejor distribución (de energía), invertir en las líneas eléctricas y transformadores, y atiendan los reclamos de la gente", detalló.