La organización Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la existencia de una "crisis de derechos humanos" en las conflictivas áreas tribales del noroeste de Pakistán, donde los civiles son "atacados, secuestrados e intimidados" tanto por militares como por miembros de los grupos insurgentes.

En un informe titulado 'Las manos de la crueldad', la oenegé, con sede en Londres, afirma que esa situación es alentada por la "jungla legal" que impera en esa zona, que no está sujeta al ordenamiento jurídico del resto del país.

"Tras una década de violencia, lucha y conflicto, las comunidades tribales son atacadas, secuestradas e intimidadas en vez de ser protegidas", indica la subdirectora de AI para Asia Pacífico, Polly Truscott, en un comunicado.

"Al permitir a las Fuerzas Armadas que cometan abusos impunemente, las autoridades paquistaníes les han dado carta blanca para cometer torturas y provocar desapariciones", añade Truscott.

La oficina de relaciones públicas del Ejército paquistaníes rechazó las denuncias de AI y, en un mensaje enviado a Efe, las calificó de "sarta de mentiras que forma parte de una siniestra campaña de propaganda en contra de Pakistán y sus Fuerzas Armadas".

El cinturón tribal fronterizo con Afganistán está formado por siete demarcaciones que aglutinan una población estimada de cuatro millones de personas y alberga a numerosos grupos yihadistas, miembros de la red Al Qaeda y facciones talibanes.

Las llamadas Áreas Tribales de Administración Federal (FATA en siglas inglesas) dependen formalmente de la presidencia del país, pero se rigen de hecho con una mezcla de jurisdicción militar y tribunales tribales para los asuntos ordinarios.

El ordenamiento legal vigente tiene más de un siglo (fue impuesto por los colonizadores británicos en 1901) y, como recuerda AI en su informe, no incluye ninguna de las medidas de protección de derechos básicos previstas en la Constitución de Pakistán.

Además, en 2011 se aprobó un paquete de poderes especiales para las fuerzas de seguridad.

"El Gobierno debe reformar de inmediato el sistema legal de las áreas tribales, que es claramente defectuoso y que perpetúa el ciclo de la violencia", destacó Truscott.

Amnistía Internacional no limitó sus denuncias a las fuerzas de seguridad, y recordó que "los talibanes y otros grupos armados suponen una amenaza mortal para la sociedad paquistaní" y que "una y otra vez han mostrado un desprecio total por las vidas de civiles".

El relator jefe del Equipo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias de Naciones Unidas, Olivier de Frouville, que visitó el país hace tres meses, declaró que Pakistán aún tiene "serios retos" que resolver en materia de desapariciones.

En una visita que levantó muchas ampollas en sectores políticos y judiciales del país, que la vieron como una injerencia en asuntos internos, Frouville recogió denuncias de miles de desapariciones, "lo cual indica que ese fenómeno es real", según el relator.