El alto nivel de impunidad en casos de agresión contra periodistas en Colombia ha propiciado un escenario que perjudica a la libertad de prensa en el país andino, según un informe divulgado hoy por una institución que vela por el respeto al derecho a la información.

Este primer informe elaborado por el Proyecto Antonio Nariño, que aglutina a cuatro organizaciones defensoras de la libertad de expresión, determina que "Colombia tiene mucho camino por andar", según dijo a Efe la coordinadora del estudio, Claudia Marcela Mejía.

Según este índice, el país andino se ubica en 50 puntos en una escala de 0 a 100 con "dos grandes temas sensibles: la impunidad y la consiguiente dificultad en el acceso a la información", detalló Mejía.

Los investigadores, que entrevistaron a más de 600 periodistas colombianos y contaron con los registros de la Fiscalía y la Procuraduría (Ministerio Público), determinaron que en una escala en la que el 100 es lo ideal, la aplicación de justicia en estos casos tiene 12 puntos, lo que se traduce en una alta impunidad.

Mejía expresó su preocupación por la cantidad de ataques, entre los que predominan las amenazas y agresiones psicológicas, perpetrados por agentes de la fuerza pública.

De hecho, de 23 casos registrados en 2011, "sólo 3 tienen procesos disciplinarios" en la Procuraduría, encargada de sancionar a los funcionarios.

En el ámbito penal la respuesta de la Justicia también es insuficiente, pues según el informe "no se hace seguimiento de las pruebas y en la mayoría de los casos no se llega a la condena de los culpables", lo que silencia a la prensa y dificulta el acceso a la información, que en el índice cuenta sólo con 38 puntos.

Según los registros de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que hace parte del Proyecto Antonio Nariño, desde 1976 han sido asesinados 139 periodistas en Colombia, de los que 59 casos prescribieron porque los documentos de más de 50 procesos se traspapelaron.

Otra medida de presión hacia los periodistas que está en alza es el acoso judicial, que según Mejía se da tanto en Bogotá como en regiones, y que consiste en que "funcionarios de alto nivel denuncian a periodistas y medios por injuria y calumnia para evitar que publiquen temas sensibles donde se vean afectados".

Mientras la FLIP registró 25 casos de acoso judicial en 2011, la Fiscalía sólo tiene constancia de 15 casos, lo que la coordinadora del informe consideró "bastante perjudicial porque está generando silencio y que los periodistas se amedranten".

"En la medida en que Colombia maneje esos altos puntos de impunidad difícilmente el acceso a la información para los periodistas va a ser abierto y transparente con una política de apertura del Estado, porque lo que más les conviene en este sentido es tener la información cerrada, oscura, oculta", dijo Mejía.

Sin embargo, este índice resaltó que las agresiones directas recibieron una puntuación de 74,8 sobre 100, lo que tiene que ver con un cambio en la forma de los ataques: "el país pasó de asesinar a periodistas a atemorizarlos a través de actos no letales o con demandas".

También recibió buena calificación el sistema de protección a periodistas amenazados, con 77,4 puntos, que lo convierten incluso en un modelo internacional.