El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, juramentó hoy a Javier Sancho como nuevo embajador de este país en Nicaragua, en medio de una relación bilateral que se mantiene tensa desde hace casi dos años por litigios territoriales.

Sancho fue nombrado en el cargo a partir del pasado 15 de julio, pero aún no se conoce la fecha precisa en la que iniciará labores en Managua, indicó la Cancillería costarricense en un comunicado.

El nuevo embajador en Nicaragua, quien se desempeñó los últimos años como jefe de Protocolo del Estado, ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores en 1974 y ha ocupado diversos cargos como la Dirección de Política Exterior.

También ha sido representante de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos (2005-2007), embajador en Brasil (1994-2001), en Corea y Tailandia (1987-1990).

Costa Rica no cuenta con embajador en Nicaragua desde hace dos años, luego de que a finales de 2010 denunciara una invasión de civiles y militares nicaragüenses a su territorio en la Isla Portillos, una porción de tierra en el Caribe que ambos países reclaman como propio.

El caso fue presentado por Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Holanda, la cual dictó en marzo de 2011 medidas cautelares en las que ordenó a ambos países abstenerse de enviar personal civil, policial o militar a la zona en disputa.

Costa Rica ha enviado numerosas cartas de protesta a su vecino por la presencia continua en la zona en disputa de miembros de la juventud sandinista y ha recopilado pruebas para presentarlas a la CIJ, la cual aún no ha dictado sentencia.

En julio pasado Castillo justificó la decisión de nombrar al nuevo embajador al decir que ya no bastaba "un gesto pasivo", sino que Costa Rica necesita "un agente en territorio nicaragüense que sea la primera trinchera de defensa de nuestros intereses".

Las tensas relaciones bilaterales siguieron en pique a finales de 2011 cuando Nicaragua demandó a Costa Rica ante la CIJ por daños ambientales al fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, durante la construcción de un camino de lastre de 160 kilómetros paralelo al afluente, en territorio costarricense.

Este caso también lo estudia la CIJ, mientras la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) emitió en julio pasado una sentencia en la que encontró culpable a Costa Rica, país que desconoce al tribunal y que ha calificado el fallo como "ilegítimo, parcializado y politizado".