El Gobierno regional de Cataluña, a través de su portavoz Francesc Homs, sugirió hoy que esta comunidad autónoma española se acogerá al fondo de liquidez creado por el Gobierno de España para facilitar liquidez a las regiones con problemas para financiarse.

El portavoz, no obstante, negó que se pueda calificar de "rescate" el que Cataluña recurra a ese fondo estatal y puntualizó que la decisión "aún no está tomada".

"Iremos recurriendo a todos los instrumentos que tengamos al alcance desde el punto de vista de la tesorería y la liquidez", señaló Homs, quien recordó que este mecanismo todavía "no se ha habilitado formalmente".

Cataluña sería la tercera comunidad autónoma española que se acogería a ese mecanismo después de que Valencia anunciara el pasado viernes su adhesión al mismo y Murcia adelantará ayer lunes que lo hará el próximo mes de septiembre.

El Gobierno de la región de Valencia, en el este mediterráneo de España, acordó el pasado 20 de julio recurrir al fondo creado por el Ejecutivo central español para facilitar liquidez a las autonomías.

El Gobierno español creó el pasado 13 de julio este fondo, dotado de 18.000 millones de euros, y que es un mecanismo de carácter temporal y voluntario al que pueden acogerse aquellas autonomías que requieran de liquidez o bien de cantidades adicionales para financiar su endeudamiento.

Según explicó al anunciar su aprobación el ministro español de Economía, Luis de Guindos, el fondo servirá para proporcionar a las regiones financiación ante la dificultad con la que se encuentran actualmente para conseguirla en los mercados.

Los gobiernos de las autonomías que forman el estado español tienen transferidas muchas competencias, entre ellas la gestión de la Sanidad y la Educación.

La adhesión al fondo es voluntaria por parte de las comunidades autónomas, pero conlleva la asunción de condiciones presupuestarias y financieras para las que se sumen, que deberán presentar planes de ajuste y estarán obligadas a dar información puntual sobre su situación.

Estas regiones incluso podrán ser intervenidas si incumplen los vencimientos de deuda.

Para este año, las comunidades autónomas españolas tienen que cumplir un objetivo de déficit público fijado en el 1,5 % del PIB.