El Congreso uruguayo aprobó, en octubre pasado, una "histórica ley" para abordar la impunidad por las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el periodo de Gobierno cívico-militar (1973-1985), según el informe anual de Amnistía Internacional (AI).

En febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay que eliminara los obstáculos que bloqueaban las investigaciones y los enjuiciamientos por violaciones de Derechos Humanos cometidas en ese periodo, informa AI.

Además, la Corte declaró a Uruguay responsable de la desaparición forzada, en 1976, de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y del secuestro de su bebé, María Macarena Gelman García, y ordenó al Estado que investigase para aclarar su paradero y hacer que los responsables comparecieran ante la justicia.

En octubre, afirma AI, un tribunal decidió enjuiciar a cinco oficiales del Ejército retirados por el homicidio "especialmente agravado" de García Iruretagoyena de Gelman.

En mayo, la Suprema Corte de Justicia concluyó que no se podía acusar a dos oficiales del Ejército de desaparición forzada, ya que ese delito no se incorporó a la legislación hasta 2006, pero los oficiales fueron declarados culpables de "homicidio muy especialmente agravado" en relación con la muerte de 28 personas y condenados a 25 años de prisión.

Para evitar que esa sentencia supusiera la prescripción de violaciones graves de Derechos Humanos, continúa AI, el Congreso aprobó una ley que, en la práctica, anulaba los efectos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986 y revocaba las normas sobre prescripción que había impedido que las víctimas presentaran querellas.

En octubre se formularon denuncias en nombre de más de 150 supervivientes de la tortura, indica Amnistía Internacional.