El Gobierno de Cuba mantuvo en 2011 la "represión" sobre la libertad de expresión, asociación y reunión con cientos de arrestos y detenciones breves, aunque también excarceló a los últimos 11 presos de conciencia de 2003, según el último informe de Amnistía Internacional (AI) divulgado hoy en Londres.

"Cientos de disidentes y activistas por la democracia sufrieron hostigamiento, intimidación y detenciones arbitrarias", destaca el documento de la organización no gubernamental AI, que menciona que no se le permite acceder al país desde 1990.

Las autoridades de Cuba, donde todos los medios de comunicación seguían bajo el control del Gobierno, recuerda la ONG, "continuaron limitando severamente la libertad de expresión, reunión y asociación de disidentes políticos, periodistas y activistas de derechos humanos, a los que sometieron a arrestos domiciliarios arbitrarios".

El Gobierno de Cuba no reconoce la existencia de presos políticos o de conciencia en la isla y considera a los disidentes contrarrevolucionarios y "mercenarios" al servicio de Estados Unidos.

AI cita en concreto que las Damas de Blanco, un grupo de mujeres familiares de expresos de conciencia detenidos durante la represión de 2003, fueron repetidamente objeto de detenciones arbitrarias y agresiones físicas durante sus protestas en varias ciudades.

Amnistía Internacional resalta también que en marzo de 2011 las autoridades cubanas completaron la excarcelación de "presos de conciencia" detenidos desde 2003, así como la de 62 "presos políticos", algunos de los cuales llevaban en la cárcel desde la década de 1990, según la organización.

Esas excarcelaciones del Ejecutivo de La Habana concluyeron tras llegar a un acuerdo con el Gobierno español y mantener un diálogo de mediación con la Iglesia católica.

AI afirma en su informe que la mayoría de los expresos y sus familias se vieron obligados a exiliarse y que solo unos pocos pudieron quedarse en la isla.

La ONG pro derechos humanos subraya también que varias agencias de la ONU que trabajan en Cuba siguieron informando de los efectos negativos sobre la salud de la población, en especial dentro de grupos marginados, causados por el embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos desde 1961 a la isla.

Recuerda que la Asamblea General de la ONU aprobó en 2011 por vigésimo año consecutivo una resolución que pide a Estados Unidos que levante ese embargo.