El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó hoy que "no corresponde" achacar a la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010) alguna responsabilidad política por la fallida alerta de tsunami que causó 156 muertes en febrero de 2010.

En declaraciones a periodistas en Santiago de Chile, Insulza se basó en lo que ha señalado la fiscal que investiga tales responsabilidades, Solange Huerta, en el sentido de que las decisiones en un caso de catástrofe no pasan por el jefe del Estado, según la normativa legal.

"La fiscal ha simplemente reproducido las normas institucionales de este país, el presidente ejerce su cargo a través de sus ministros y funcionarios y las responsabilidades no pueden ser buscadas en el Presidente de la República y espero que no sean esta vez tampoco", precisó el también exministro chileno del Interior y Relaciones Exteriores.

"Creo que no corresponde", añadió Insulza, que llegó a Santiago para apoyar a su hijo Javier, que compitió hoy en una elección primaria para elegir al candidato opositor a la alcaldía del municipio santiaguino de Providencia.

La fiscal Huerta, que investiga responsabilidades por la fallida alerta de tsunami que el 27 de febrero de 2010 causó 156 muertos y 25 desaparecidos, imputó cargos formalmente a ocho exfuncionarios la semana pasada por no alertar a la población del peligro que existía.

Este tsunami siguió al terremoto de 8,8 grados que ese día devastó seis regiones de Chile.

Entre las primeras conclusiones presentadas, Huerta destacó la descoordinación que, según su investigación, hubo entre la Oficina Nacional de Emergencia y el Servicio Hidrográfico y Oceonográfico de la Armada, que emitió ese día una alerta de tsunami que no llegó a ser comunicada a la población y que poco después retiró.

Huerta descartó una eventual imputación de Bachelet porque el Plan de Alerta que rige en emergencias entrega las decisiones al Ministerio del Interior, la Oficina Nacional de Emergencia y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).

La entonces presidenta socialista sólo cumplió ese día funciones de portavoz, sobre la base de la información emanada de esas instancias, según la fiscal, cuya decisión ha sido criticada por los partidos oficialistas, que alegan que Bachelet sí tiene responsabilidad política por las muertes "que pudieron haberse evitado".

Para la oposición, tales afirmaciones son sólo un intento de politizar la investigación sobre el terremoto y empañar la popularidad de Bachelet, favorita de todas las encuestas para acceder a un nuevo período en La Moneda, si decide ser candidata.

Hace unos días una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a Bachelet el 51 % de intención de voto en la pregunta, "¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente?", frente a sólo un 7 % del ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, el mejor posicionado de los "presidenciables" oficialistas.

Insulza declinó hoy pronunciarse sobre una eventual candidatura de Bachelet, "hasta que ella misma tome una decisión".

Los diputados oficialistas Alberto Cardemil y Felipe Ward dieron a conocer hoy un cuestionario de 35 preguntas dirigidas a la actual responsable de ONU Mujer sobre su papel en el terremoto y tsunami del 2010, en el que dan por hecho que la entonces presidenta es responsable "por omisión" de las muertes causadas por la catástrofe.

Incluso le preguntan si está dispuesta "a pedir perdón a los chilenos y en especial a las familias de las víctimas".

Michelle Bachlet respondió en diciembre de 2010 un extenso cuestionario ante la fiscal Huerta, en el marco de la investigación judicial del asunto. EFE