El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) subrayó hoy su preocupación por la "falta de diligencia" del Estado brasileño en el cumplimiento de la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) relativa al caso de la Guerrilla de Araguaia.

La CorteIDH emitió hace exactamente un año una sentencia en la que pedía que el Estado brasileño castigara a los responsables por las violaciones a los derechos humanos de los integrantes de esta guerrilla que combatió a la dictadura en la Amazonía.

El CEJIL considera que un año después de la emisión de la sentencia, Brasil no ha reparado a las víctimas y aún "persiste la impunidad en los crímenes.

"Después de un año a partir de la publicación de la sentencia, los órganos de representación de las víctimas consideramos que hay un incumplimiento parcial de las obligaciones de reparación individual a las familias de las víctimas desaparecidas, cuyo mandato expira hoy", apuntó el CEJIL en un comunicado.

En el texto se añade que reconocen que se dieron "algunos pasos, que potencialmente pueden contribuir a mejorar el acceso a la información, y dar visibilidad a las estructuras de la represión, la reconstrucción del contexto histórico de las violaciones cometidas por la dictadura militar".

Sin embargo, el CEJIL considera que estos avances serán "ineficaces" si no son "exhaustivos".

El organismo indica que pese a que la CorteIDH insiste en que hay claridad en la información sobre la masacre, esto no "sustituye la obligación del Estado de garantizar procedimiento judicial que determine las responsabilidades individuales a través de un proceso penal".

La sentencia emitida por la CorteIDH también obligaba a Brasil a indemnizar a las familias de las víctimas y le prohibía invocar la Ley de Amnistía para librarse de sus responsabilidades.

El proceso contra el Estado brasileño en la Corte Interamericana por los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución sumaria de Julia Gomes Lund y otros integrantes de la Guerrilla del Araguaia fue entablado por organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y por familiares de las víctimas.

Al menos 62 de los cerca de 80 miembros de esa guerrilla, organizada por el entonces proscrito Partido Comunista de Brasil, murieron o desaparecieron en la Amazonía en combates con fuerzas del régimen militar entre 1972 y 1974.

Muchos de los guerrilleros desaparecidos murieron tras ser capturados y sus cuerpos nunca fueron hallados, en tanto que los responsables nunca fueron juzgados.