El gobierno de Barack Obama libra una intensa batalla legal ante las leyes estatales contra los inmigrantes que viven ilegalmenten en el país, y la Corte Suprema podría tomar el caso el lunes por primera vez.

Arizona ha solicitado a la Corte Suprema que le permita a su estado comenzar a aplicar las medidas de su ley de inmigración bloqueadas en tribunales de menor instancia a pedido de Washington. Entre las cláusulas suspendidas figura una que ordena a la policía, a la vez que cumple con otras leyes, que interrogue a las personas sobre el estado migratorio si sospecha que están en el país ilegalmente.

Leyes similares que fueron aprobadas en Alabama, Carolina del Sur y Utah se enfrentan a demandas judiciales entabladas por el gobierno de Obama. Grupos privados han presentado demandas contra medidas de inmigración adoptadas en los estados de Georgia e Indiana.

El Departamento de Justicia afirma que la regulación de la inmigración es el trabajo del gobierno federal y no de los estados.

Pero Arizona señala que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para enfrentar a la inmigración ilegal y que los estados fronterizos son los que sufren desproporcionadamente.

En su solicitud a la Corte Suprema para que revise el caso de inmigración, Arizona destaca la opinión del gobierno de que los estados "no tienen poder para usar sus propios recursos a fin de cumplir con los estándares federales de inmigración sin la expresa aprobación del ejecutivo afecta la base de nuestro sistema de nación con soberanía doble y federalismo cooperativo".

Muchos estados y gobiernos locales han tomado medidas con el objeto de contrarrestar los efectos de la inmigración ilegal, agrega el estado.

Pero el gobierno alega que esos desafíos legales que se procesan a través del sistema judicial son una razón para esperar y ver cómo actúan otras cortes. Por lo cual, recomienda que no se debe tomar el caso ahora.

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