El Gobierno de Dilma Rousseff, que desde junio pasado perdió a seis ministros por alegada corrupción, ha profundizado el combate a los ilícitos en la gestión pública, afirmó hoy el titular de la Contraloría General de Brasil, Jorge Hage.

"Es importante que, en los últimos ocho años, Brasil despertó y dio inicio a transformaciones significativas en el área del combate a la corrupción, que continúa y se profundiza en el Gobierno de Dilma Rousseff", declaró Hage en un acto organizado en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra hoy.

La jefa de Estado asumió el poder el pasado 1 de enero y desde junio pasado ha destituido o aceptado la renuncia de los antiguos titulares de Presidencia, Antonio Palocci; Transportes, Alfredo Nascimento; Agricultura, Wagner Rossi, Turismo, Pedro Novais, Deporte, Orlando Silva, y Trabajo, Carlos Lupi.

Después de esa sucesión de caídas, todas debidas a supuestas irregularidades, continúan bajo sospecha y por la misma causa los ministros de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Fernando Pimentel, y de Ciudades, Mario Negromonte.

En el acto por el Día Internacional contra la Corrupción también participó el titular de la Abogacía General del Estado, Luis Inácio Lucena Adams, quien aseguró que Brasil se ha puesto a la cabeza del combate a los ilícitos en la gestión pública y que "llegará un día en que los corruptos no tendrán más cabida" en el país.

Lucena Adams afirmó que su despacho está abocado ahora a tratar de recuperar todo el dinero robado de los cofres públicos, que no especificó cuánto es pero del que calculó que sólo se reintegra un 15 por ciento.

La meta de la Abogacía General, según explicó, es recuperar al menos el 25 por ciento de ese dinero para el año 2016.

Lucena Adams apuntó que Brasil está en el "camino correcto" y que "de esa manera se llegará al día en que la corrupción será un factor absolutamente residual y combatido por todos los ciudadanos".

Según datos presentados por la Contraloría General, desde el año 2005 las autoridades han realizado 1.500 operaciones contra delitos de corrupción y ha detenido a 17.000 personas, aunque no precisó cuántas de ellas recuperaron la libertad.

El informe también indicó que en los últimos seis años, por la misma causa, fueron destituidos unos 3.500 funcionarios de distintos organismos del Estado.