El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, dijo hoy que el Estado salvadoreño cumplirá con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitido el 6 de octubre pasado, que condena al país por la desaparición de cuatro niñas y dos niños hace unos 30 años, durante la guerra civil (1980-1992).

"Por supuesto que vamos a estudiar más al detalle este documento que ha emitido la corte y vamos a profundizar la posición, pero la posición general nuestra es que reconocemos la autoridad" de esa instancia, señaló Martínez.

"Vamos a cumplir de buena fe y de acuerdo a nuestras posibilidades sus recomendaciones o sus fallos", agregó el canciller durante una conferencia de prensa.

La Corte, con sede en Costa Rica, emitió la sentencia contra el Estado salvadoreño por la desaparición de seis menores, entre los que había dos grupos de hermanos, en hechos separados ocurridos en 1981 y 1982, indicó a Efe la coordinadora de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos de El Salvador, Esther Alvarenga, el pasado jueves.

Entre las medidas ordenadas por la Corte figuran "investigar y localizar el paradero" de las víctimas, pagarles una reparación económica, construir escuelas en los lugares donde desaparecieron y exhibir en ellas reseñas sobre los hechos, informó.

Tres de las víctimas son los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras Recinos, que tenían 4 años, 20 meses y 4 meses de edad, respectivamente, cuando desaparecieron el 25 de agosto de 1982 durante una operación militar en varios municipios del departamento central de San Vicente.

Además, también se cuentan las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, desaparecidas durante la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981 en el departamento oriental de Morazán, y José Rubén Rivera.

Esta es la segunda sentencia que la Corte Interamericana emite contra el Estado salvadoreño por la desaparición de niños durante la guerra civil.

En 2005, la Corte también dictó un fallo condenatorio por el caso de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, desaparecidas en junio de 1982 cuando tenían 3 y 7 años, respectivamente, durante una campaña militar en el departamento de Chalatenango (centro).

La demanda sobre los seis niños fue interpuesta en 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, luego, en 2010, el caso pasó a la Corte porque se agotaron los plazos para una "solución amistosa" que el Estado salvadoreño había aceptado inicialmente.