El Senado paraguayo abogó hoy por declarar el estado de excepción durante dos meses en sendos departamentos del centro y norte del país para combatir a un grupo armado acusado de un reciente ataque a un puesto policial en el que murieron dos agentes.

El proyecto, aprobado en sesión extraordinaria de la Cámara Alta y que este martes será debatido por la Cámara de Diputados, declara esa medida "en los departamentos de Concepción (norte) y San Pedro (centro) por la grave conmoción interior generada por grupos criminales que operan en la zona".

Se trata del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un pequeño grupo armado de izquierda que se moviliza en las áreas boscosas de esas regiones, acusado de matar a dos suboficiales durante en ataque perpetrado hace cinco días en una subcomisaria de Horqueta, a 400 kilómetros al norte de Asunción.

Para progresar, el proyecto debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y ratificado por el presidente, Fernando Lugo.

La muerte de los agentes presuntamente a cargo del EPP se sumó al ataque con explosivos registrado dos días antes contra la sede de la Fiscalía de Horqueta, a 70 kilómetros al oeste de Concepción, la capital departamental, sin causar daños personales.

Los organismos de seguridad atribuyen al EPP sonados casos de secuestros, ataques a puestos policiales y haciendas agrícolas, además de vínculos con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los delitos perpetrados por ese grupo armado ya llevaron al Gobierno a declarar, el 24 de abril de 2010, el estado de excepción durante 30 días en cinco provincias del noreste del país y a militarizar esas regiones en busca de sus miembros.

Aunque las operaciones militares concluyeron sin la captura de los cabecillas de la banda, por quienes el Gobierno ofrece recompensas, meses después cuatro de sus dirigentes murieron en choques con la Policía.

Durante el estado de excepción, que restringe los derechos civiles y las libertades individuales, el jefe de Estado "podrá ordenar por decreto y en cada caso la detención de las personas indicadas y su traslado de un punto a otro del territorio nacional", según fuentes legislativas.

La medida, que sustituye al estado de sitio de la pasada dictadura, puede ser declarada "en caso de conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella", de acuerdo con el texto constitucional.