Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México advirtieron hoy de riesgos contra la libertad de expresión con la aprobación en el estado de Veracruz del delito de "perturbación del orden público", del que podrían ser acusados dos jóvenes por haber difundido rumores falsos en redes sociales.

Amnistía Internacional (AI) pidió hoy en un comunicado a las autoridades de Veracruz "revocar la nueva legislación para criminalizar la circulación de información falsa" y se expresó su confianza en que las dos personas que habían sido detenidas "puedan regresar a sus vidas normales sin temor a represalias".

El Congreso veracruzano aprobó esta semana una reforma al código penal que incorpora el delito de "perturbación del orden público", creado ex profeso para aplicar una pena menos severa a María de Jesús Bravo, exdirectora de Actividades Artísticas y Culturales de la Secretaría de Educación de Veracruz, y Gilberto Martínez, maestro de matemáticas.

Los dos mexicanos acusados inicialmente de terrorismo y sabotaje por haber iniciado una serie de rumores el pasado 25 de agosto en las redes sociales sobre ataques de narcotraficantes a escuelas públicas de Veracruz obtuvieron ayer su libertad, después de que fueron retirados los cargos en su contra.

Sin embargo, ahora el Gobierno de Veracruz busca que enfrenten la acusación de "perturbación del orden público", delito por el cual podrán ser sentenciados a cuatro años de prisión y obtener su libertad bajo fianza, en lugar de 30 por terrorismo.

AI calificó de "un paso regresivo y dañino" para el Estado de derecho, la libertad de expresión y el derecho a la información, la aprobación del nuevo delito que se aplica contra la divulgación de informaciones falsas sobre ataques que perturben el orden público.

La organización aseguró, asimismo, que con esa aprobación se permite que el Estado "persiga a cualquier persona por hacer afirmaciones que el gobierno considere falsas o inconvenientes y que según las autoridades perturbe el orden público".

Además, señala que las autoridades nunca presentaron pruebas que demostraran que las dos personas detenidas transmitieran información "deliberadamente falsa" para cometer actos de terrorismo y sabotaje.

Esta detención generó críticas de organizaciones como Article 19 y AI, que aseguraron que los cargos de terrorismo y sabotaje violaban el "derecho a la justicia y a la libertad de expresión".

AI advirtió hoy que con el nuevo delito serán frecuentes las injusticias contra ciudadanos y "tendrá un impacto negativo sobre el derecho a la libertad de expresión y no ayudará a aumentar la seguridad".

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo público y autónomo con funciones de Oficina del Defensor del Pueblo, indicó en un comunicado que analiza esa adición al código penal de Veracruz y que "valora la constitucionalidad del precepto, particularmente en lo relativo a la libertad de expresión".

El organismo indicó que en un plazo de 30 días decidirá si interpone un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y recordó su obligación de prevenir actos que violen la libertad de expresión.