El pueblo indígena Awá está gestando una mutación cultural hacia el modo de vida campesino para garantizar su supervivencia, amenazada por el conflicto armado colombiano y el impacto de multinacionales petroleras y mineras.

Durante siglos, los Inkal Awá (gente de la montaña) se distribuyeron de manera dispersa en los sureños departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, y al otro lado de la frontera, en Ecuador, una costumbre ancestral que se han visto obligados a replantearse.

Así lo explicó a Efe la jefe en Nariño del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Luisa Fernanda Bacca, que agregó que los Awá empiezan a organizarse "en caseríos, con las casas pegadas, para preocuparse de cómo están los otros" y a asumir "prácticas de siembra tradicionales de un campesino".

De este modo, se adecúan al conflicto armado de más de medio siglo que se libra en Colombia y salpica su territorio de minas antipersonales, reclutamiento forzado por grupos ilegales y presencia de actores armados que vinculan a la población civil Awá como informantes y usan sus espacios como escenarios de guerra.

Su característica resistencia para permanecer en el territorio, según Bacca, no les ha evitado el mal trago de tener que abandonarlo, pues los combates entre la fuerza pública y las FARC han desembocado en al menos dos procesos de desplazamiento forzado de más de mil personas desde 2005.

Adicionalmente hubo otros dos grandes desplazamientos a raíz de sendas masacres de nativos Awá en febrero y agosto de 2009, en los resguardos de Tortugaña-Telembí y Gran Rosario (ambos cerca del municipio nariñense de Barbacoas), en las que perdieron la vida un total de 29 personas, incluidos niños y mujeres embarazadas.

Estas circunstancias, unidas a las que sufre esta etnia por parte del Estado, llevaron a la Corte Constitucional a declarar a 32 de los 87 pueblos indígenas colombianos, entre ellos los Awá, en peligro de extinción física y cultural a través del Auto 004.

Este dictamen aceleró un proceso de acercamiento entre el pueblo Awá y el Gobierno para establecer un plan de salvaguarda y la formación de una mesa de concertación de consulta previa que iniciaron el pasado fin de semana en un encuentro entre las partes en el municipio petrolero de Orito, en el Putumayo.

El viceministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, que inauguró el proceso conjunto, dijo a Efe que espera aplicar el plan de salvaguarda dentro de unos cuatro meses y detalló que la mesa de concertación mixta buscará "llegar a acuerdos específicos en cada uno de los temas que afectan su pervivencia (de los Awá)".

Los Awá, repartidos en tres organizaciones regionales, abordan con esperanza este anhelado proceso y, con el respaldo de organizaciones no gubernamentales internacionales y agencias de Naciones Unidas, trabajan para dibujar una propuesta que satisfaga sus necesidades.

"Salud, educación, territorio y autonomía. Esos son los cuatro pilares que nosotros tenemos para llegar dentro de este proceso de salvaguarda", dijo a Efe el gobernador del resguardo de Guaduales de Orito, Humberto Alirio García.

García denunció que en el territorio "las amenazas vienen de las petroleras. Cuando entran las petroleras no hay consulta (...) y hacen lo que ellos quieren dentro del territorio indígena".

Asimismo, precisó que el impacto medioambiental de las perforaciones de pozos afecta "no solamente a los sembríos (...), sino también a la salud, a los animales" y al agua, lo que les está dejando paulatinamente sin comida.

Sin embargo, en su resguardo la comunidad se esfuerza por sortear estas problemáticas, pues hay huerto, se crían gallinas y los niños de las 68 familias que lo habitan disponen de un amplio espacio para jugar, así como de una escuela con dos docentes, biblioteca y hasta una sala de informática.

En estos días, los hombres trabajan en la construcción de un pozo séptico, imagen que aleja de la mente el concepto de indígena desvalido y la acerca hacia el ciudadano que defiende la identidad, dignidad y derechos de su pueblo con las herramientas que el Estado pone a su alcance.

Ana Gómez