Un magistrado argentino recientemente suspendido es señalado como "prófugo" luego de haber viajado a Chile con la aparente intención de eludir una citación para responder a cargos por su participación en más de un centenar de delitos durante la dictadura militar, informaron hoy a Efe fuentes judiciales.

El juez Otilio Romano está procesado como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos durante el régimen que gobernó Argentina entre 1976-1983, cuando fue fiscal de la provincia de Mendoza (oeste), vecina a Chile.

A raíz de ese proceso, el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo encargado de la designación y control de jueces, suspendió por unanimidad a Romano el pasado 25 de agosto, un día después de que el magistrado viajara a Santiago de Chile, precisaron los portavoces.

Después de que se conociera su salida del país, el juez Walter Bento citó a Romano para que se presente ante los tribunales de Mendoza, pero este miércoles venció el plazo establecido sin que se conociera el paradero del acusado.

Como consecuencia, los querellantes de la causa que se sigue contra Romano pidieron la captura internacional de quien hasta el mes pasado formaba parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, a 1.000 kilómetros de Buenos Aires.

"Hasta agosto pasado era el hombre fuerte de la justicia federal de Mendoza, tuvo un poder enorme, pero ahora es un prófugo porque la justicia le intimó a presentarse y no se presentó", dijo el abogado Pablo Salinas, querellante de la causa en representación del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

"Como podía quedar preso, se fue del país", aseguró el letrado.

Salinas señaló que "se cree que Romano no abandonó Chile" y confió en que el juez Bento dicte una orden de captura internacional para habilitar su búsqueda en el país vecino.

Los querellantes acusan además a Romano de haber evadido citaciones e indagaciones anteriores amparándose en sus fueros de juez, mientras que sus abogados, Adolfo Moreno y Verónica Romano, hija del acusado, dicen desconocer su paradero.

La represión ilegal desatada por la dictadura argentina causó la desaparición de 30.000 personas, según coinciden el Gobierno y organismos humanitarios, actuales querellantes en numerosos procesos por violaciones a los derechos humanos que se instruyen en tribunales de todo el país.