El Gobierno de Costa Rica ordenó hoy una serie de recortes en el gasto para las instituciones públicas descentralizadas, que abarcan asuntos como minimizar viajes, viáticos, publicidad y compras, en momentos en que se discute una reforma tributaria para contrarrestar el alto déficit fiscal.

La presidenta costarricense, Laura Chinchilla, firmó hoy una serie de directrices a las instituciones para que disminuyan sus gastos en los presupuestos individuales que deberán presentar a finales de este mes, aunque el Gobierno no tiene un cálculo de cuánto dinero se ahorrará con estas medidas.

La idea es "afrontar el déficit fiscal de manera balanceada, no solamente con actividades que mejoren la recaudación tributaria, sino también promoviendo una reforma fiscal y haciendo un esfuerzo importante para racionalizar y contener el gasto público", explicó Chinchilla.

Las directrices indican que las instituciones públicas que forman parte del presupuesto nacional, "no podrán incurrir en gastos suntuarios y deberán minimizar los gastos operativos" como viajes y viáticos, alimentos, bebidas, publicidad, vehículos, actividades protocolarias, vestuario, entre otras.

Para realizar gastos de ese tipo las entidades deberán "justificarlos rigurosamente" ante las autoridades presupuestarias, según la directriz del Gobierno.

En caso de que las instituciones necesiten equipos de cómputo o vehículos deberán adquirirlos por medio de arrendamientos y no por compra.

También se mantiene la orden de no contratar personal durante el próximo año, con excepción de los maestros, los policías y casos "especialmente justificados".

El pasado 1 de septiembre el Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa el presupuesto 2012 por 11.756 millones de dólares, el cual estará financiado en un 45 % con deuda y con una proyección de déficit fiscal del 5,5 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El año pasado Costa Rica cerró con un déficit fiscal del 5,3 % del PIB, por lo que el Gobierno impulsa ante el Congreso una reforma fiscal que pretende aumentar la recaudación en aproximadamente un 2 % del PIB.

Los diputados han insistido en que antes de aprobar nuevos impuestos el Gobierno debe recortar gastos y ordenar las finanzas en las instituciones descentralizadas.