Una audiencia por el caso de una condena a dos periodistas que publicaron en 1995 un artículo que dio cuenta de un hijo que tuvo fuera de matrimonio el expresidente argentino Carlos Menem terminó hoy, en Bogotá, con los alegatos finales de las partes.

Se trata del caso Fonteveccia-D'Amico, remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en diciembre pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró la presunta violación por parte del Estado argentino al derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

La vista final se centró en un debate entre el derecho a la libertad a la información y el derecho a la privacidad de las personas, especialmente cuando son públicas.

Los periodistas Jorge Fonteveccia y Héctor D'Amico, director y editor, respectivamente, de la revista semanal Noticias, publicaron en 1995 dos artículos sobre el hijo extramatrimonial de Menem y las amenazas de muerte que el menor recibió entonces.

En la audiencia final intervinieron, además de las partes, la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la CIDH, la colombiana Catalina Botero.

La relatora consideró que, en el caso que ocupa la audiencia, los funcionarios públicos están "sometidos a un mayor escrutinio", e instó a establecer con claridad hasta dónde llegan la vida privada y la libertad de expresión.

"Los funcionarios públicos están excluidos de un escrutinio distinto, están en el ojo de la opinión pública. Su vida forma parte del dominio público", remarcó Botero.

Asimismo, señaló que hay que demostrar que efectivamente se produjo un verdadero daño en relación con el derecho a la privacidad en el caso que se estudia, y recordó que el mismo Menem se expuso públicamente.

Recordó que la Convención Americana "prohíbe las injerencias arbitrarias en la vida privada", indicó que "hay una ruptura de la órbita de la privacidad legítima", y también recalcó que "sin libertad de expresión no hay una democracia legítima".

Menem tuvo el hijo con la diputada Marta Meza, quien viajó a Paraguay, al amparo del entonces presidente de ese país, Juan Carlos Wasmosy, al parecer por petición del gobernante argentino.

El propio Menem demandó a Noticias y a los directores por violación de su vida privada, y en 1997 la Cámara Civil condenó a Fonteveccia y a D'Amico a pagar una indemnización.

La CIDH envió a la CorteIDH el caso al considerar que el Estado (argentino) no cumplió con sus recomendaciones, entre ellas algunas medidas de reparación.

Los delegados estatales para el caso se limitaron a exponer recientes normativas por la defensa de los derechos humanos en Argentina, entre ellas la despenalización de la calumnia.

Los mismos representantes del Estado (argentino) confían en que la CorteIDH "falle de acuerdo con los estándares internacionales".

Sin embargo, la representación de las presuntas víctimas considera que el sistema jurídico argentino "permite intimidar y frenar a la prensa (...), amedrentar y callar voces de periodistas investigativos".

Asimismo, añadió que nada de lo dicho por el Estado en sus escritos "modifican este caso", y señaló que no ve posible que el mismo "pueda reeditarse".

Igualmente pidió dejar sin efecto la sentencia y sus consecuencias, y solicitó una reforma legal de la norma que permitió la condena.

Ante esa situación, tanto la representación de las presuntas víctimas, como la relatora especial de la CIDH, instaron a generar "un marco confiable y previsible".

Botero insistió en que en el caso Fonteveccia-D'Amico "hay dos derechos fundamentales enfrentados": el de la privacidad y el de la información, e indicó que en materia de derechos de defensa ante los medios, la Convención Americana habla de derechos de rectificación y respuesta, aunque ello, dijo, "hay que regularlo".

Las partes tienen plazo hasta el próximo 28 de septiembre para entregar sus alegatos por escrito y la CorteIDH emitirá su fallo en un lapso de entre cuatro y seis meses.

El tribunal interamericano estudió también en la capital colombiana el caso de una jueza chilena lesbiana a la que la justicia de su país quitó la custodia de sus tres hijas menores y abordará la situación de dos cárceles de Brasil.