Los presidentes de las delegaciones de Argentina y Uruguay ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) desmintieron versiones aparecidas hoy en la prensa local que aseguran que el primer análisis bilateral exculpa a la papelera UPM de contaminar el curso fluvial fronterizo.

En un comunicado conjunto difundido por la Cancillería argentina, los representantes de las delegaciones de Argentina, Hernán Orduna, y Uruguay, Gastón Silbermann, "desmienten categóricamente esas versiones y expresan que el Comité Científico binacional aún no ha presentado a la CARU los informes correspondientes a los estudios que está realizando".

El diario El País de Montevideo aseguró este sábado, basándose en presuntas fuentes oficiales no citadas, que los análisis realizados en Canadá determinaron que la planta de celulosa UPM (ex Botnia) no contamina las aguas del río fronterizo, mientras que sí lo hace el Parque Industrial de la ciudad argentina de Gualeguaychú.

Los residuos del parque van a parar al río Gualeguaychú, afluente del río Uruguay, y según El País, superan "levemente" los límites legales.

El diario uruguayo apuntó que la CARU, el organismo bilateral encargado de vigilar el curso fluvial, retrasó la divulgación del informe por las diferencias entre los miembros uruguayos y argentinos del comité científico que se encarga de realizar los análisis.

Los presidentes de las dos delegaciones aseguran en el comunicado que hasta que los informes que están realizando "no sean presentados a la CARU y ésta los haga públicos de acuerdo con los procedimientos aprobados bilateralmente, las versiones de prensa que están circulando carecen de validez y no responden a la realidad".

El breve texto oficial recuerda que los informes en los que están trabajando responden a los ingresos de control realizados por el comité los pasados 20 de junio y 25 de julio en la planta de UPM y el 21 de junio y el 26 de julio en la desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay.

La instalación a orillas del río fronterizo de la planta de UPM, entonces propiedad de la también finlandesa Botnia, desató la mayor crisis en décadas entre Argentina y Uruguay, que llegó incluso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por una demanda de Buenos Aires.

En protesta por su puesta en funcionamiento, ambientalistas de Gualeguaychú, fronteriza con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, donde funciona la planta, bloquearon durante más de tres años el principal paso fronterizo entre los dos países.

En 2010 los Gobiernos de Uruguay y Argentina lograron un acuerdo para el control de la planta de celulosa y la supervisión conjunta de las aguas del río Uruguay que permitió superar el conflicto.