El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Óscar Luna, dijo hoy que el proceso en el país contra nueve militares que se entregaron y son requeridos por España por la matanza de jesuitas en 1989, ha tenido "situaciones irregulares" que pueden "empañar" el caso.

Luna, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), afirmó que el Ministerio de Defensa debió entregar a los militares a la Policía Nacional Civil (PNC) y no a un juzgado, después de que ellos ingresaron en una unidad castrense.

Nueve de los 20 militares que están procesados en la Audiencia Nacional de España por la masacre de los jesuitas se entregaron voluntariamente el domingo pasado en una brigada de San Salvador, y posteriormente las autoridades castrenses los pusieron a disposición de la justicia civil.

Actualmente el caso es analizado por la Corte Suprema de Justicia, que decidirá si procede o no la extradición de los militares, aunque todavía no ha llegado una petición de España, según autoridades locales.

La Corte Suprema no ha definido bajo qué condición jurídica están los nueve militares en la brigada, en la que se entregaron tras conocer que se había librado una orden internacional de captura en su contra y que la Policía Nacional la ejecutaría.

"Si bien es cierto no hay un procedimiento establecido a nivel interno, es sabido y lo sabían estas autoridades, que ya estaba la orden de detención (de los militares), que es una detención preventiva con fines de extradición, y que era a la Policía Nacional Civil a la que le correspondía hacer esa diligencia", indicó Luna a periodistas.

Los nueve militares no debieron ser remitidos "directamente a un juzgado" sino a la Policía Nacional Civil", que "es que tiene la obligación constitucional y legal de hacer efectivas esas órdenes", argumentó Luna.

Según el defensor de derechos humanos, "estas irregularidades pueden empañar el proceso que se está siguiendo" en España, por lo que consideró que las instituciones locales "deben de funcionar correcta, transparente e independientemente".

"Creo que esta es una prueba de fuego para el país, para demostrar que la justicia sí funciona, y eso va a depender de las autoridades que tienen a su cargo el manejo de este procedimiento", consideró Luna.

Los militares salvadoreños son juzgados en España por el asesinato de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos de sus empleadas.

La masacre fue cometida el 16 noviembre de 1989, cuando miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró.

Además, quitaron la vida a los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López, así como la trabajadora de la UCA, Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.