Dos agentes federales admitieron hoy ante el Congreso "errores" en la fracasada operación "Rápido y Furioso", pero insistieron en que el objetivo nunca fue permitir el trasiego ilegal de cerca de 2.000 armas a México en 2009.

"No fue el propósito de la investigación permitir el transporte de armas de fuego a México y, que yo sepa, nuestros agentes nunca vieron a ninguno de los sospechosos en este caso cruzar la frontera con armas", aseguró William Newell, exagente encargado de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) en Phoenix (Arizona).

Más allá de insistir en que la operación formó parte de una estrategia ideada por varios "individuos" y en la que participaron otras agencias federales, Newell nunca precisó quiénes la autorizaron.

"Desde el comienzo de la investigación a finales de 2009 hasta la primera presentación de cargos en enero de 2011, hice todo esfuerzo razonable para mantener al tanto de la investigación al representante de la PGR (Procuraduría General de la República de México) en Phoenix y a mis colegas de ATF en México", aseguró Newell.

A lo largo de la audiencia del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, Newell fue atacado por el presidente del comité, el republicano Darrell Issa, quien sugirió que "alguien está mintiendo".

"Nosotros no permitimos el cruce de armas", insistió Newell, encargado de ATF en Phoenix desde junio de 2006 hasta mayo pasado.

Newell compareció junto a varios agentes de ATF en México, en la primera vez que estos comparecen ante el Congreso de EE.UU. para explicar el fracaso de "Rápido y Furioso".

William McMahon, encargado de las operaciones de ATF en el oeste de EEUU, sostuvo que el objetivo final de "Rápido y Furioso" era combatir "la compleja red" de criminales dentro de EE.UU. y desmantelar a los carteles de la droga.

Presionado por los legisladores, McMahon dijo que uno de sus errores fue no haber revisado cuidadosamente los documentos enviados a su despacho relacionados con la operación.

Otros agentes de ATF en la audiencia, entre ellos Carlos Canino, aseguraron que la operación no sólo violó las políticas vigentes sino que dejó al margen a las autoridades mexicanas y a las propias autoridades de Estados Unidos en México.