Defensores de derechos humanos en Colombia valoraron hoy la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras promulgada por el presidente Juan Manuel Santos, pero pidieron acciones para que su puesta en práctica sea efectiva.

La Ley de Víctimas, que entró en vigor en junio pasado, busca compensar a más de cuatro millones de víctimas del conflicto armado interno y devolver dos de los más de seis millones de hectáreas usurpadas a campesinos por grupos armados ilegales.

La seguridad de las víctimas fue una de las dudas que plantearon Rafael Barrios, del colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y Kimberly Stanton de Project Counselling Service, en una rueda de prensa en Washington, en la que advirtieron de los "enormes obstáculos" para su aplicación.

Los activistas destacaron un cambio de tono en la nueva Administración y subrayaron que la firma de esta ley es "un importante" paso, pero lamentaron que no se han establecido mecanismos para garantizar "la seguridad y protección de las víctimas que deberían beneficiarse de la ley", dijo Stanton.

Barrios señaló que Santos, quien asumió el poder en agosto de 2010, tiene un nuevo discurso de respeto a la labor de los defensores de los derechos humanos con el que ha convencido a la comunidad internacional de que hay un cambio en Colombia, pero dentro de su Administración "no hay quien implemente ese discurso".

El activista, quien citó un informe con datos proporcionados por varias ONG locales, señaló que en el segundo semestre de 2010, con Santos ya en el poder, se registró un 60 % más de agresiones contra defensores de los derechos humanos que en el semestre anterior, en el que todavía gobernaba Álvaro Uribe.

Los departamentos más afectados fueron Cauca, Santander, Valle y algunos de la costa del Caribe en el norte del país, además de la ciudad de Bogotá, y señaló el "notorio" aumento de las agresiones contra mujeres y defensores de los desplazados, lo que demuestra la "diferencia entre el discurso y la práctica".

Barrios señaló que, el pasado lunes, el presidente Santos se reunió con un grupo de defensores de los derechos humanos y reconoció la "legitimidad" y "legalidad" del trabajo que realizan, pero no se comprometió a una declaración pública en ese sentido.

Al respecto, Stanton señaló la "brecha" entre el discurso del Gobierno que "reconoce que tenemos problemas y retos" y lo que está sucediendo "sobre el terreno", ya que según dijo desde que Santos asumió el poder han muerto una veintena de activistas y "cada semana los grupos con los que trabajamos reciben amenazas".

Stanton señaló que la capacidad para proteger a nivel nacional a todas las personas que se beneficien de esta ley es "muy limitada" y los sistemas de protección existentes "ya hemos visto que no funcionan adecuadamente".

Por eso consideraron que "hay que adecuar los mecanismos de la justicia" y recomendaron al Gobierno tratar los casos de los defensores de los derechos humanos en conjunto.

"Si la fiscalía investiga caso por caso y no ve la globalidad de las violaciones, ve el árbol pero no ve el bosque", agregó Barrios, quien advirtió que sin "unificación" ni contexto esas investigaciones terminan en "impunidad".