Los más de 66.000 hondureños que han vivido casi trece años en Estados Unidos amparados por un estatus de protección temporal han probado su contribución social y económica y merecen quedarse en el país, afirmó hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Mario Canahuati.

"Hemos solicitado la décima extensión del estatus de protección temporal (TPS) ya que el ahora vigente vence el 5 de enero de 2012", dijo Canahuati a Efe en una entrevista durante el último de sus dos días de visita en Washington.

El Gobierno de Estados Unidos otorgó el TPS a Honduras y a Nicaragua después de que el huracán "Mitch" dejara graves daños y cientos de miles de damnificados en esos países en 1998, y desde entonces ha renovado ese estatus en nueve ocasiones.

Según datos del Gobierno de Honduras, en Estados Unidos residen, legal o ilegalmente, alrededor de un millón de hondureños cuyas remesas a sus familias el año pasado alcanzaron los 2.530 millones de dólares, y otros 1.387 millones de dólares en la primera mitad de este año.

"Muchos de estos hondureños han formado familia, se han establecido con empleos y negocios en Estados Unidos, y las autoridades estadounidenses han tenido tiempo de considerar su comportamiento, sus contribuciones sociales y económicas", añadió el ministro.

Canahuati se reunió ayer, lunes, con la secretaria adjunta interina para las Américas en el Departamento de Estado, Roberta Jacibson, y con la subsecretaria asistente adjunta para América Central y el Caribe, Jullisa Reynoso.

Hoy el ministro hondureño se reúne con el senador republicano de Indiana, Richard Lugar; con Lori Scialabba, directora interina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., y con Dan Restrepo, asesor del presidente Barack Obama y director para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

El lunes Canahuati se reunió asimismo con miembros de la comunidad hondureña en el área metropolitana de Washington a quienes explicó las gestiones que hacen los Gobiernos de Honduras y de otros países para proteger los derechos de sus emigrantes en Estados Unidos.