César Muñoz Acebes

Ni el Ejecutivo de Ecuador ni la Asamblea Nacional, donde el Gobierno tiene el mayor bloque de escaños, recibieron hoy a una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que denunció el "profundo deterioro" de la libertad de expresión en el país.

La SIP, la cual agrupa a 1.300 publicaciones de la región, culminará hoy otra visita a Ecuador sin poder reunirse con el presidente, Rafael Correa, que mantiene una relación muy tensa con los principales medios de comunicación independientes.

En 2009 sus representantes sí se entrevistaron con el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, según dijo en una entrevista con Efe Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP y director del diario guatemalteco Siglo21, quien encabeza la delegación.

Correa dijo el sábado que "algún funcionario" del Gobierno se encontraría con la delegación, pero al final no fue así.

"La actitud de no recibir a la SIP en esta ocasión confirma lo que yo expuse (en una intervención en junio), en el sentido de que el gobernante es intolerante", dijo Marroquín.

Hace unos diez días, la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional confirmó que se reuniría con la SIP, pero hoy por la mañana cambió el horario del encuentro y después lo canceló, según Marroquín.

Un asesor del presidente de la Comisión, el oficialista Mauro Andino, dijo hoy a Efe que la cita se suspendió porque tanto ese asambleísta como el vicepresidente del órgano estaban fuera de Quito.

Esa Comisión analiza la creación de un Consejo para regular los contenidos sexuales, discriminatorios y violentos de la prensa, una medida aprobada en una consulta popular en mayo.

Marroquín dijo que la SIP teme que ese nuevo comité "dirigirá el flujo de la información del país", mientras que Correa sostiene que mejorará la calidad de los medios de comunicación.

La Presidencia de Ecuador le indicó a la asociación que el encuentro con el mandatario sólo se produciría si Marroquín se retractaba de unas declaraciones críticas que él hizo en junio en Guayaquil, explicó a Efe el director de Siglo21.

"La última vez que vino este malcriadito a un taller de libertad de expresión le dijo de "dictador" para arriba al presidente de la República", afirmó el pasado sábado Correa, quien también ha denunciado que la SIP representa los intereses económicos de los dueños de los diarios.

Por su parte, Alvarado indicó el domingo que la SIP debería solicitar disculpas por "la insolencia y la desbocada manera con la que el principal de esta organización de propietarios de periódicos se ha referido a un gobierno constitucional".

Mientras, Marroquín dijo que "no hay nada por lo cual pedir disculpas" y reiteró que el Gobierno de Ecuador mantiene "una actitud autoritaria" que no contribuye al respeto de los principios democráticos.

El presidente acusa a la prensa privada de "corrupta" y de mentir para hacerle daño al Ejecutivo.

"Ni la prensa de Ecuador ni la de cualquier parte del mundo es perfecta", reconoció Marroquín, pero enfatizó que "eso no significa que eso traslade el derecho de manejar la información al propio Presidente o al Gobierno, que es lo que está ocurriendo en Ecuador".

El titular de la SIP apuntó que Correa controla 19 medios de comunicación y "acosa" al resto de la prensa que está fuera de su órbita.

Señaló que prueba de su "actitud autoritaria" son las demandas que ha planteado contra dos periodistas por escribir en un libro que él conocía los negocios que tenía con el Estado su hermano Fabricio Correa y contra el diario El Universo por una columna que el mandatario consideró ofensiva.

Marroquín dijo además que a la SIP le preocupa la tendencia a la autocensura entre los periodistas ecuatorianos para no entrar en conflicto con el Gobierno.

La delegación, compuesta por cinco personas, sí logró reunirse hoy con la Defensoría del Pueblo y con el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, mientras que el domingo se encontró con periodistas, abogados y representantes de organizaciones no gubernamentales. Sus miembros partirán de Ecuador entre hoy y mañana.

"La información que hemos recibido confirma nuestra percepción (...) de que hay un profundo deterioro en materia de libertad de prensa y de expresión, que está afectando seriamente el derecho de la población a recibir información", dijo Marroquín.