La Procuraduría General de Brasil ha pedido penas de prisión para 36 políticos y empresarios implicados en un grave escándalo de corrupción que en 2005 puso en jaque al Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según documentos divulgados hoy por el diario Folha de Sao Paulo.

"El Ministerio Público está plenamente convencido de que las pruebas y los elementos obtenidos en la investigación demuestran que existió un esquema de captación de apoyo político tal como ha sido denunciado", dice el documento publicado por el diario, que fue entregado por la Procuraduría al Supremo Tribunal Federal.

"Fue engendrado un plan criminal volcado a la compra de votos en el Congreso Nacional", que constituyó "la más grave agresión a los valores democráticos que se pueda concebir", apunta el documento firmado por el procurador general, Roberto Gurgel.

Añade que entre enero del 2003, cuando Lula asumió el poder, y junio de 2005, mes en que fueron denunciadas las irregularidades, "actuó en forma ininterrumpida" en la política nacional lo que califica de "grupo criminal".

Pese a que muchos de los acusados eran del entorno más íntimo de Lula, el ex presidente no figura entre los procesados.

La lista de políticos que podrían ser condenados a penas que varían entre 10 y 111 años de prisión la encabeza el ex ministro de la Presidencia José Dirceu, quien renunció a su cargo en medio del escándalo y era entonces el hombre más poderoso del Gobierno y una suerte de "mano derecha" de Lula.

Sobre Dirceu, el documento de la Procuraduría dice que era el "jefe de la pandilla" y que "con la visión pragmática que siempre marcó su vida, resolvió sobornar a parlamentarios federales".

Agrega además que su "fuerza política es tan grande", que hoy "continúa influyendo" en la vida nacional.

También están en la lista José Genoino, en la época presidente del Partido de los Trabajadores (PT), que llevó a Lula al poder por primera vez en las elecciones del 2002, y el ahora ex tesorero de esa formación Delubio Soares.

Asimismo, figura Joao Paulo Cunha, otro importante dirigente del PT, que actualmente ejerce como diputado.

Las acusaciones, en general, se refieren a delitos de corrupción activa y pasiva, lavado de dinero, peculado, asociación ilícita y evasión de divisas.

Entre los acusados por ese último delito de evasión figura el publicista Eduardo "Duda" Mendonça, quien dirigió todo lo relativo a la imagen de la campaña de Lula en las elecciones del 2002 y confesó que el PT le pagó parte de sus honorarios con depósitos en bancos situados en paraísos fiscales, como las Islas Caimán.

También se pide condenar a dirigentes de otras formaciones, como el actual diputado Valdemar Costa Neto, presidente del Partido de la República (PR) e implicado además en un asunto de corruptelas que esta semana llevó a la renuncia del ministro de Transportes, Alfredo Nascimento.

La pena más alta, que podría llegar a 527 años de prisión, fue pedida por la Procuraduría General para el empresario Marcos Valerio Fernandes, considerado el "arquitecto" de la compleja trama bancaria que permitió alimentar financieramente el esquema de sobornos en el Congreso.

También se ha pedido pena de prisión para el ex diputado Roberto Jefferson, un político muy vinculado en la época a Lula, pero que fue quien denunció la existencia de una red dirigida a "comprar" votos en el Congreso.

En su momento, Jefferson dijo que había informado personalmente a Lula sobre la existencia de esas irregularidades y que cada mes decenas de políticos recibían gruesas sumas de dinero del PT a fin de votar en favor de los proyectos presentados por el Gobierno.

Según Jefferson, Lula llegó a "llorar" al escuchar sus denuncias, pero nada hizo para ponerle coto a ello.

Lula, por su parte, siempre negó la existencia de lo que en la política brasileña ha quedado registrado como "mensalão", palabra que podría ser traducida como "gran mesada".

El proceso en el Supremo Tribunal ha concluido en su fase de instrucción y se calcula que puede estar listo para sentencia a mediados del año próximo.