El presidente de la cámara hispana de comercio advirtió el martes que las pequeñas empresas asumirían, de manera desproporcionada, los costos adicionales que generaría la aplicación obligatoria del programa E-Verify, si se aprueban tal como lo establecen dos proyectos de ley presentados recientemente en ambas cámaras legislativas.

En conferencia telefónica, Javier Palomarez dijo que la medida afecta no sólo a las pequeñas empresas pertenecientes a hispanos, sino al pequeño empresariado de Estados Unidos.

"Este es el peor momento para agregar una carga regulatoria, cuando estamos en la peor situación económica en décadas y todavía no la dejamos atrás", dijo refiriéndose a las dificultades que ha experimentado la economía estadounidense para recuperarse de la debacle financiera de 2008.

El E-Verify es un programa que permite a los empresarios verificar el estatus migratorio de sus empleados cruzando la información que suministran con una base de datos migratoria y otra que contiene información de seguridad social.

Actualmente, al menos 200.000 de los siete millones de patronos existentes en Estados Unidos utilizan el programa de manera voluntaria.

Palomarez señaló que la revisión de la situación migratoria de cada empleado costó 127 dólares a las empresas que se inscribieron voluntariamente al programa en 2008. En la actualidad, la revisión costaría 147 dólares.

"Los costos pasarán a las pequeñas empresas, que están estirando ahora cada dólar para seguir operando. Necesitamos que nuestras compañías trabajen en innovación, no en E-Verify", dijo Palomarez.

La conferencia telefónica fue organizada por el Foro de Inmigración Nacional (NIF por sus siglas en inglés), una organización activista con sede en Washington cuyo director, Ali Noorani, expresó su esperanza de que el presidente Barack Obama ejerza su poder de veto en caso de que el Congreso apruebe una ley que conceda carácter obligatorio al E-Verify.

El comité judicial de la cámara baja planea someter a votación este mes un proyecto de ley presentado por su presidente, el republicano de Texas Lamar Smith, que luego deberá ser votado por el pleno de la cámara, controlada por republicanos.

Su copartidario Chuck Grassley presentó recientemente una medida similar en el Senado.

Obama describió la semana pasada al E-Verify como una herramienta importante para el cumplimiento de la ley, pero dijo que debe ser perfeccionado para evitar problemas causados por información errónea y que debería ser acompañada por una reforma migratoria que permita a los once millones de indocumentados regular su estatus migratorio.

Las posibilidades de que el Congreso debata este año una reforma migratoria integral lucen escasas.

El director de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, Alejandro Mayorkas, dijo en marzo que de las 23 millones de consultas a E-Verify realizadas por compañías durante los años fiscales 2010 y 2011, un 4% había arrojado resultados erróneos.

En la conferencia telefónica de martes también participó Charles Hall, director de la asociación de productores de frutas y vegetales de Georgia, estado cuya legislatura concedió al E-Very carácter obligatorio desde el 1 de julio.

Hall señaló que la ley ha imposibilitado a los agricultores a contratar a 11.000 jornaleros, lo cual podría causar pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares.

Además de Georgia, otros cuatro estados han convertido al E-Verify en obligatorio.

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