La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dijo que si Sergio Schoklender, exapoderado de su organización y acusado de presunto lavado de dinero y defraudación a la administración pública, "tendrá que pagar" si la Justicia determina que cometió un delito.

"Si Sergio y otras personas más cometieron un delito tendrán que pagarlo", señaló Bonafini en declaraciones que publica hoy el diario Tiempo Argentino, al hablar por primera vez sobre este escándalo.

"Para que todo quede prolijo acabo de separar (de la organización) a Pablo (hermano de Sergio Schoklender) y a varias personas más. No vamos a poner en riesgo todo. La cosa está muy seria", indicó.

La Justicia argentina prohibió este sábado la salida del país a los hermanos Schoklender y a otros siete imputados.

La medida fue dispuesta por el juez Norberto Oyarbide, tras una petición del fiscal Raúl Pleé, titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Lavado de Dinero (UIF).

Pleé formalizó la denuncia tras recibir este miércoles un informe de la Unidad de Información Financiera sobre presuntas irregularidades en la compra de terrenos para el plan de viviendas que lleva adelante la entidad humanitaria con apoyo del Gobierno.

La UIF comenzó a investigar a Schoklender, que renunció a su cargo la semana pasada, después de recibir en 2010 la denuncia de dos legisladoras de la oposición por irregularidades en operaciones inmobiliarias para la compra de terrenos en una localidad del conurbano bonaerense.

El jueves pasado se conoció que Schoklender había renunciado a su cargo, según la prensa local por una pelea con su hermano, que también trabaja en la entidad, al parecer por desacuerdos en el manejo de los fondos para la construcción de viviendas populares.

Pero Sergio Schoklender desmintió la pelea con su hermano y aseguró en varias entrevistas que renunció para poder dedicar más tiempo a sus proyectos personales.

No obstante, la polémica ha ido en aumento en los últimos días conforme se conocían detalles sobre sus presuntas actividades y, principalmente, por una información publicada este miércoles por el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, en la que figura como titular de la firma que provee a las Madres de los materiales para construir las viviendas.

El centenario diario La Nación aseguró que Schoklender es el titular del 90 por ciento de las acciones de la empresa, después de que el exapoderado negara tajantemente esta relación.

Schoklender ha señalado que él era "un apoderado más de la fundación" y aclaró que, si bien era "claramente" el "gestor", la "dirección y la presidencia del Consejo de Administración es de Hebe" de Bonafini, titular del sector más radical del organismo humanitario y alineada al Gobierno de Cristina Fernández.

En sus declaraciones a Tiempo Argentino, Bonafini admitió que Sergio Schoklender "quería convertir a la organización en una empresa".

"Hace un año empecé a tener discusiones con él porque quería convertir a la fundación en una empresa. Y yo le decía que no era una empresa sino un emprendimiento. Después empecé a ver cosas que no me gustaron", indicó.

Los hermanos Schoklender protagonizaron un sonado escándalo hace 30 años al ser condenados a cadena perpetua por el crimen de sus padres, aunque en la década de los noventa fueron liberados gracias a una antigua ley que computaba como dobles los años de detención previos a la sentencia.

Tras su liberación, los hermanos se acercaron a las Madres, referentes internacionales en materia de derechos humanos por su lucha para el esclarecimiento de casos de delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar argentina (1976-1983).

La Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través del programa Sueños Compartidos, ha construido miles de viviendas para personas de bajos recursos con fondos públicos que, según la prensa local, alcanzan los 300 millones de dólares.