Costa Rica incumplió hoy, por segunda vez, el plazo dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que aprobara la práctica de la fecundación in vitro, aunque San José aspira conseguir una nueva prórroga y evitar así un juicio internacional en su contra.

El ministro de Comunicación, Roberto Gallardo, confirmó este martes en una rueda de prensa que Costa Rica solicitó más tiempo a la CIDH para lograr aprobar una ley que permita la realización en el país de este tratamiento, prohibido desde el 2000 por orden de la Sala Constitucional.

El Gobierno de Costa Rica está a la espera de la respuesta de la Comisión sobre la segunda prórroga que ha solicitado, ya que sería lo único que evitaría que el país sea llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, para enfrentar un juicio.

La Comisión ya había otorgado, el 23 de febrero pasado, una primera prórroga a Costa Rica para que aprobara una ley sobre la técnica in vitro, que permite la fecundación fuera del cuerpo de la madre y es considerado el principal tratamiento para la esterilidad cuando otros métodos de reproducción asistida no tienen éxito.

La aprobación inmediata de la norma luce complicada a lo interno de Costa Rica, pues en el Congreso se discuten dos proyectos de ley de fecundación in vitro diferentes, uno impulsado por el Ejecutivo y otro por un grupo de diputados, pero ninguno cuenta con los votos necesarios para su promulgación.

Además, existe una férrea oposición de la Iglesia católica y de grupos evangélicos al tema de la fecundación asistida fuera del cuerpo de la madre.

Inclusive el Papa Benedicto XVI pidió en diciembre pasado a la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, quien es una católica devota, que no legalice esta técnica médica, según la Iglesia católica, viola el derecho a la vida del no nacido.

A pesar de ese panorama, el ministro Gallardo insistió este martes en que el Gobierno se mantiene "optimista" ante la posibilidad de conseguir más tiempo para la discusión parlamentaria y evitar así el banquillo en la Corte Interamericana.

El portavoz del Ejecutivo manifestó que el mayor reto es "conseguir un texto que sea aceptable para la mayoría de diputados".

No obstante, señaló que la responsabilidad, en caso de que el país sea enjuiciado, recaerá sobre todo en el Estado y no únicamente sobre el Gobierno, pues fue el Poder Judicial quien prohibió en un principio el tratamiento.

El vicecanciller costarricense, Carlos Roverssi, dijo asimismo que el mayor atraso se ha dado porque en la Asamblea Legislativa hay "pensamientos extremos", a favor y en contra de la fecundación in vitro, pero advirtió que ya es tiempo de "buscar los puntos intermedios".

Por su parte, la diputada del opositor partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), Rita Castro, quien se opone a este tratamiento, insistió en que se debe apoyar a las parejas que no pueden tener hijos pero con otras técnicas que no vayan en contra de la vida.