La lucha contra las esterilizaciones forzadas y los abusos sexuales en colegios serán algunas de las prioridades de la ONG de origen estadounidense Centro de Derechos Reproductivos (CDR), que hoy inauguró una oficina en Bogotá para aumentar su presencia en Latinoamérica.

"La idea es fortalecer procesos, acercarnos a las regiones en las que hemos trabajado", explicó a Efe la directora del programa internacional del CDR, Luisa Cabal, sobre los motivos que impulsaron a la ONG a abrir recientemente oficinas regionales en Kenia y Colombia y, próximamente, en Asia y Europa del Este.

El CDR trabaja desde 1992 en más de 50 países para promover y defender los derechos reproductores de las mujeres, aunque hasta hace pocos meses sólo contaba con una oficina central en Nueva York.

La directora del CDR para América Latina y el Caribe, Mónica Arango, adelantó a Efe que ya tiene identificados varios de los "temas clave" para la región, como son los casos de esterilizaciones forzadas a mujeres portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

En 2009 la ONG presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado Chileno por el caso de un cirujano que, aseguran, practicó una esterilización quirúrgica a una joven con VIH durante su parto, sin su conocimiento y sin haber discutido con ella esta posibilidad.

"Pero eso no es aislado, tenemos conocimiento de que también sucede en Ecuador y en otros lugares de Latinoamérica, solamente que no hay tantas voces que lo digan", señaló Arango.

Por su parte, Cabal apuntó que grupos de activistas de Honduras, Sudáfrica, Namibia y Tailandia comenzaron a documentar casos similares cuando se enteraron de lo ocurrido con la joven chilena.

Tanto Arango como Cabal se mostraron orgullosas de esa reacción, puesto que la estrategia del CDR es precisamente buscar casos paradigmáticos para litigarlos internacionalmente y ponerlos en la "agenda de los derechos humanos".

Hace años la CDR documentó casos de esterilizaciones forzadas a población rural y pobre que salpicaron al expresidente del Perú Alberto Fujimori (1990-2000).

En 2002 un informe de la comisión investigadora del Ministerio de Salud peruano indicó que entre 1993 y el 2000 un total de 314.967 personas fueron sometidas a esterilización forzadas.