El juicio contra 24 saharauis acusados de su implicación en la muerte de 11 agentes marroquíes durante el desmantelamiento del campamento de Gdaim Izik (afueras de El Aaiún, en el Sahara Occidental) en noviembre de 2010 se reanudó hoy en Rabat entre protestas de los abogados defensores.

Los letrados se quejaron de que el tribunal militar que los juzga haya admitido, sin consultar con la Defensa, la presentación de nueve testigos solicitados por la Fiscalía que aparecieron hoy en la corte, así como el hecho de que sea un tribunal militar el que juzga a civiles (aunque la ley marroquí así lo contempla cuando la víctima es un agente del orden).

La Defensa recordó la irregularidad de la detención, al menos de una decena de personas, que fueron detenidas en sus domicilios sin tener ninguna relación con los hechos violentos que estallaron tras el desmantelamiento del campamento y al producirse esas detenciones sin la preceptiva orden de arresto de un juez o sin informar a sus familias.

Como el pasado viernes, los 24 saharauis entraron en la sala vestidos con sus túnicas tradicionales y entonando eslóganes independentistas, algunos en español, pero no protagonizaron incidentes mayores.

Además de los 80 policías de distintos cuerpos presentes en la sala, numerosos juristas llegados de varios países europeos, especialmente España e Italia, estuvieron presentes como observadores en uno de los juicios más mediáticos de los últimos años.

Dos eurodiputados españoles, el socialista Antonio Massip y el izquierdista Willy Meyer, miembros ambos del Intergrupo Parlamentario por el Sahara Occidental y conocidos simpatizantes del independentismo saharaui, asistieron como observadores.

Meyer, que precisamente durante el conflicto de Gdaim Izik trató de viajar a El Aaiún y fue entonces expulsado por las autoridades marroquíes antes de poner el pie en tierra, agradeció hoy poder estar presente en el juicio, pero lo denunció de inmediato "por carecer Marruecos de ninguna jurisdicción sobre un territorio pendiente de descolonización".

A las afueras del tribunal, como ya sucedió la pasada semana, los familiares de los detenidos saharauis y de los agentes marroquíes muertos protagonizaron, sin mezclarse, sendas concentraciones: los primeros denunciando el carácter "político" del juicio; los segundos, reclamando justicia.

Estos últimos repartieron comunicados en varios idiomas en los que denunciaron "las tentativas sistemáticas de instrumentalizar esta causa y desvirtuarla, intentando con subterfugios quitar al caso su carácter criminal".

Con ello se refería a las imágenes difundidas entonces profusamente por el gobierno marroquí en la que los cadáveres de algunos agentes muertos en aquellos disturbios eran vejados por desconocidos.

De hecho, algunos de los cargos más graves sobre los acusados son "violencia contra las fuerzas del orden con resultado de muerte, premeditación y mutilación de cadáveres", que de probarse podrían acarrear hasta la pena capital.

Sin embargo, las asociaciones independentistas, que cada vez se expresan más abiertamente en los lugares públicos marroquíes, están presentando el caso como "un proceso a la causa saharaui".

Ayer, varias de estas asociaciones convocaron una rueda de prensa en la que reclamaron "justicia para todos", al lamentar que el juicio solo persiga a los presuntos autores de la muerte de los once agentes y ni siquiera exista una causa abierta sobre la muerte de los dos saharauis caídos también en los mismos incidentes de Gdaim Izik.