La tríada que forma la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI presenta hoy las conclusiones de la última revisión del rescate a Irlanda, después de que su Gobierno haya confirmado que negocia con Fráncfort medidas de alivio para hacer frente a su deuda bancaria.

Se trata del noveno análisis que efectúa la tríada desde que el Ejecutivo de Dublín solicitó en noviembre de 2010 a la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de ayuda cuantificado en 85.000 millones de euros, revisiones que, hasta la fecha, han sido todas positivas.

Esta última evaluación ha cobrado, no obstante, especial importancia, pues coincide con el anuncio efectuado anoche por Dublín respecto al futuro del Anglo Irish Bank, la entidad financiera cuyo colapso obligó a este país a pedir el rescate y cuya liquidación ahora se espera que alivie la deuda bancaria del Estado.

Desde su nacionalización en 2009, el Anglo se encuentra en un proceso de cierre definitivo a través de una compañía estatal llamada ahora Irish Bank Resolution Corporation (IBRC), que tras su disolución pasará a formar parte de NAMA, el "banco malo" irlandés.

Aunque se desconoce aún los detalles de la propuesta del BCE, el Gobierno irlandés llevaba meses pidiendo a Fráncfort que aceptase reestructurar un préstamo concedido hace tres años al Ejecutivo de entonces para salvar el Anglo Irish Bank.

El BCE concedió un préstamo de 31.000 millones de euros a través de la emisión de los llamados documentos de reconocimiento de deuda (IOU, siglas en inglés), unos pagarés usados por Dublín para recapitalizar ambas entidades, pero que le obligan a pagar cada año, hasta 2023, un interés del 8 por ciento.

El próximo 31 de marzo Irlanda debería hacer frente a uno de esos pagos anuales, que asciende a 3.100 millones de euros, motivo por el que había propuesto al BCE canjear los pagarés con deuda del Estado a largo plazo, cuyo vencimiento oscilaría entre los 25 y 40 años.

La medida podría también ayudar a Dublín a amortiguar el impacto del plan de ajuste previsto para 2013, con el que espera ahorrar 3.500 millones de euros y alcanzar el objetivo de déficit público del 7,5 % del producto interior bruto (PIB) fijado por la UE y el FMI.

Durante este año, Irlanda también tiene previsto consolidar su regreso a los mercados de deuda para obtener fuentes de financiación independientes, condición indispensable para poder abandonar su programa de ayuda a final de 2013.