El director financiero de Barclays, Chris Lucas, y el asesor general del banco, Mark Harding, dejarán sus respectivos cargos en la entidad británica, confirmó hoy el grupo mediante un comunicado remitido a la Bolsa de Londres.

Ambos directivos han acordado continuar en sus puestos hasta que se produzca el nombramiento de quienes serán sus sucesores y se complete una apropiada transición, indicó el banco en esa nota.

El consejero delegado del grupo británico, Antony Jenkins, dijo que tanto Lucas como Harding "expresaron el pasado año que consideraban retirarse de sus cargos en el Barclays" y aclaró que la decisión "fue solamente de ellos".

Jenkins también afirmó que "dada la importancia de ambos puestos y la relevancia de asegurar a los candidatos adecuados, el proceso (de nombramiento de nuevos directivos) llevarán un considerable tiempo".

Harding llevaba una década como empleado del banco, mientras que Lucas trabajaba en la entidad desde abril 2007 y es el único miembro de la directiva de Barclays que continúa desempeñando su cargo después de que fuera implicado en el escándalo de manipulación del Libor -tipo de interés interbancario fijado en Londres- el pasado año.

Además, Lucas es uno de los cuatro ejecutivos y exejecutivos del banco que está siendo investigado por su supuesta implicación en los pagos realizados entre el Barclays y el grupo Qatar Holding entre junio y octubre de 2008.

El Barclays, además, fue sancionado en junio de 2012 con 290 millones de libras (471 millones de dólares o 356 millones de euros) por falsear el Libor y su versión europea Euribor para su propio beneficio entre 2005 y 2009, lo que provocó la dimisión de miembros de su directiva, entre ellos el consejero delegado Bob Diamond.

El Libor se fija diariamente en Londres en varias divisas con las aportaciones de una veintena de entidades financieras que estiman a qué tipo de interés pueden tomar prestado dinero en el mercado interbancario.

La manipulación de esta tasa, que sirve de referencia para los intereses de tarjetas de crédito o de hipotecas, entre otras cuestiones, llevó al Gobierno británico a ordenar una reforma del procedimiento por el que se fija y a introducir penalizaciones para los infractores.