El presidente surcoreano, Lee Myung-bak, que concluirá su mandato el próximo mes de febrero, ha emitido indultos especiales para cuatro allegados, entre ellos un amigo y un aliado político, ambos condenados por soborno, informó hoy la agencia Yonhap.

La decisión de Lee ha generado fuertes críticas en Corea del Sur ante lo que se considera un abuso de poder en sus últimos días de mandato, sobre todo por parte de su sucesora y compañera de partido, Park Geun-hye, ganadora de las últimas elecciones y que le sustituirá al frente del país durante los próximos cinco años.

Lee aprobó los indultos durante una reunión del Gabinete y en ellos incluyó a su amigo personal Chun Shin-il y a Choi See-joong, exjefe de comunicaciones y considerado uno de los hombres cercanos al presidente, ambos condenados por delitos de corrupción.

Choi fue condenado a mediados de septiembre a dos años y medio de prisión y una multa de más de 400.000 euros tras demostrarse que aceptó sobornos en trece ocasiones por parte de una empresa local de construcción a cambio de ejercer su influencia política.

Además, el presidente saliente surcoreano indultó también al expresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Corea del Sur, Park Hee-tae, y a Kim Hyo-jae, secretario de asuntos políticos de Lee, que dimitieron en febrero de 2012 relacionados en un escándalo de compra de votos.

Los dos expolíticos fueron acusados de participar en 2008 en una trama en la que Park presuntamente sobornó a otros miembros del gobernante Gran Partido Nacional (actual Saenuri) para ser elegido líder de la formación.

Además, la semana pasada el hermano del presidente, Lee Sang-deuk, fue condenado a dos años de prisión y una multa de más de 500.000 euros, tras ser declarado culpable por recibir sobornos millonarios durante su etapa de diputado de dos cajas de ahorros y una empresa local.

El de Lee Sang-deuk es uno de los escándalos de corrupción que han salpicado en el último año a familiares y ayudantes cercanos del presidente.

Uno de los casos tuvo que ver con la compra fallida y presuntamente irregular de unos terrenos donde se pretendía levantar la futura residencia de Lee Myung-bak, en el que los fiscales investigaron al hermano mayor, al hijo y a los servicios de seguridad del presidente e interrogaron a su esposa.