Un alto tribunal guatemalteco discutirá mañana, junto a los abogados de tres exgenerales y de víctimas del conflicto armado, si el juez Miguel Ángel Gálvez tiene competencia para conocer un proceso judicial por genocidio, informó hoy una fuente jurídica.

El abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), querellante en el proceso abierto a los exmilitares, explicó a Efe que desde el pasado 5 de enero Gálvez los convocó a una audiencia judicial.

Según el jurista, junto a la defensa de los exgenerales van a discutir si Gálvez tiene competencia judicial para conocer procesos por delitos de genocidio y de lesa humanidad en Guatemala.

La falta de competencia del juez la pone en duda el defensor del exgeneral José Mauricio Rodríguez, quien junto los exmilitares José Efraín Ríos Montt y Héctor Mario López fuentes, tienen abierto un proceso judicial por la matanza de más de 1.700 indígenas ixiles durante el conflicto armado (1960-1996).

En la diligencia judicial de mañana, los abogados de los exmilitares tendrán que argumentar el por qué Gálvez no puede conocer el proceso.

"Nosotros, como querellantes, vamos a pedir que el juez siga conociendo el caso porque él tiene competencia porque los tribunales de Mayor Riesgo son juzgados que pueden conocer cualquier tipo de casos", adelantó Reyes.

La defensa de los tres exgenerales ha interpuesto una serie de recursos legales desde que se les abrió proceso judicial por genocidio y delitos de lesa humanidad, con el fin de evitar ir a un juicio oral y público.

Hasta ahora más de una decena de esos recursos han sido rechazados por los tribunales, pero están pendientes de que se resuelvan otros ocho, la mayoría de ellos en los que los exmilitares piden que el tribunal que preside Gálvez no acepte informes y peritajes de la Fiscalía.

El pasado 21 de diciembre, una Sala de Apelaciones rechazó un recurso planteado por Ríos Montt, con el que buscaba dejar sin efecto todo el proceso judicial, recordó Reyes.

Ríos Montt se encuentra con arresto domiciliario desde que se presentó de forma voluntaria hace un año a los tribunales de justicia.

Mientras que López y Rodríguez, capturados en junio y octubre del 2011, respectivamente, se recluyeron en el hospital militar alegando padecimientos de salud.