Los recursos presentados por tres generales retirados y que aún no se resuelven en los tribunales de Guatemala, mantienen estancado el proceso judicial por el delito de genocidio del que se acusa a los exmilitares, aseguró hoy una fuente jurídica.

El abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), querellante adherido en el proceso, explicó a Efe que falta por resolverse al menos 8 incidentes presentados por la defensa de los exgenerales, entre ellos José Efraín Ríos Montt.

Reyes dijo que las partes han sido convocadas para el próximo lunes por el juez Miguel Ángel Gálvez a una audiencia en la que sólo se discutirá sobre la falta de competencia que le imputan al juzgador de los exmilitares para conocer el proceso en su contra.

Este incidente, dijo Reyes, fue planteado por el abogado César Calderón, defensor del general José Rodríguez, que junto a Ríos Montt y Héctor López, tienen abierto proceso por la matanza de más de 1.700 indígenas ixiles durante el conflicto armado (1960-1996).

El jurista explicó que Calderón argumenta que el juez Gálvez no tiene ninguna competencia para conocer el proceso judicial contra su cliente por presidir un Tribunal de Mayor Riesgo y pide que el caso sea llevado a un juzgado ordinario, es decir, de más bajo rango.

El pasado 10 de enero una fuente judicial dijo que en la audiencia del próximo lunes el máximo tribunal debía decidir si ordenaba iniciar juicio contra los tres generales retirados.

Sin embargo, Reyes aseguró que en esta audiencia no se va a decidir si los exmilitares son enviados o no a juicio porque todavía están pendientes otros ocho incidentes judiciales, con los que los generales retirados sólo buscan "obstruir la justicia".

En opinión del jurista, resolver estos casos dependerá de la agenda de trabajo que tenga el juez.

En los incidentes pendientes de resolución, la defensa de los militares piden, entre otros asuntos, que no se acepten informes de peritos de los querellantes y pruebas que ha aportado el Ministerio Público (Fiscalía) y que deben discutirse en posteriores audiencias que convoque el juez, señaló.

Además, dijo Reyes, la Corte de Constitucionalidad (CC), tampoco ha resuelto la amnistía que han pedido los militares retirados, que a su juicio, no es aplicable para los delitos de genocidio ni de lesa humanidad.

Antes de llegar a la audiencia para decidir si Ríos Montt, Rodríguez y López van o no a un juicio oral y público, no tiene que haber ningún recurso pendiente, de acuerdo con el abogado.

Ríos Montt se encuentra con arresto domiciliario desde que se presentó de forma voluntaria hace un año a los tribunales de justicia.

Mientras que López y Rodríguez, capturados en junio y octubre del 2011, respectivamente, se recluyeron en el hospital militar alegando padecimientos de salud.

Los abogados de López han pedido al tribunal que se cierre la persecución penal contra él porque, aseguran, está incapacitado mentalmente para enfrentar el proceso.

Sin embargo, Reyes asegura que en los exámenes médicos practicados a ambos se ha establecido que sólo padece de incapacidad física, pero que está mentalmente bien como para enfrentar un proceso judicial por genocidio.