La OCDE reprochó hoy los "débiles resultados" del dispositivo español contra los sobornos de funcionarios extranjeros, en particular si se comparan con los obtenidos por otros países, y advirtió de que tomará medidas si antes de fin de año no hay una corrección.

El jefe de la división contra la corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Patrick Moulette, calificó de "bastante crítico" el tono del informe que el grupo de trabajo publicó hoy sobre España.

"Hay dos razones principales, la primera una falta de resultados concretos" porque en casi 13 años de vigencia del delito de corrupción de funcionarios extranjeros, sólo ha habido siete investigaciones, y todas se han archivado sin condenas ni sanciones, explicó Moulette a Efe.

El responsable recordó que frente a la ausencia de toda sanción en España, hay otros miembros del grupo de trabajo donde el dispositivo sí ha tenido consecuencias, y aludió a 90 condenas en Estados Unidos, una quincena en Alemania o una decena en Italia.

Como segundo punto débil, señaló que "la ley española no es conforme con el convenio de la OCDE" y aludió al hecho de que el Código Penal contempla dos delitos, uno específicamente dirigido a castigar a los que corrompen a funcionarios europeos.

Moulette precisó, igualmente, que la legislación de 2010 fija la responsabilidad de las personas morales por ese tipo de comportamientos, pero quedan excluidas las empresas de titularidad pública.

Preguntado por si existe una falta de voluntad de las autoridades españolas en luchar contra esas prácticas delictivas, el jefe de la división contra la corrupción dijo que "es difícil responder. El nuestro es un trabajo técnico".

A este respecto, especuló sobre el hecho de que el aparato judicial tal vez esté más centrado en el fenómeno de la corrupción interna o que quizás el convenio de la OCDE sobre los sobornos no sea suficientemente conocido.

En cualquier caso, Moulette recordó que el grupo de trabajo ha dado de plazo a España hasta diciembre para que lleve a cabo una serie de reformas y le presente un informe de auto-evaluación.

En caso de que las medidas tomadas por España no le satisfagan, se hará un examen suplementario, lo que "sería muy embarazoso para España" puesto que -destacó- se trata de un procedimiento "muy inhabitual", aplicado a unos pocos países como Grecia o Suecia.