Un error "de forma" en el acuerdo oficial en el que el Gobierno de Guatemala limita la competencia de los casos que puede conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta antes de 1987, le restaría validez e imposibilitaría su cumplimiento, advirtieron hoy activistas humanitarios.

"Ese acuerdo no se puede apelar ante ninguna instancia legal, porque contiene un error garrafal que le deja sin validez ni posibilidad de cumplimiento", dijo a Efe Juan Francisco Soto, director del no gubernamental Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, (CALDH).

El acuerdo del Gobierno publicado el miércoles en el Diario Oficial de Guatemala, precisó Soto, "se refiere a la Corte Interamericana de Justicia, la cual no existe, y por lo tanto, no tiene posibilidad alguna de cumplimiento".

"Es obvio que el Gobierno quiso referirse en el acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), pero quienes redactaron el documento oficial se equivocaron al identificar de forma incorrecta al objeto central del mismo, por lo tanto éste no tiene validez", argumentó Soto.

El acuerdo oficial, suscrito por el presidente Otto Pérez Molina, señala que el Estado guatemalteco no reconocerá los fallos emitidos por la "Corte Interamericana de Justicia" en casos ocurridos antes de marzo de 1987, apoyado en una "reserva" hecha por el Estado y en vigor desde esa fecha.

El abogado ultraconservador Antonio Arenales, titular de la Secretaría de la Paz de la Presidencia, y promotor de esa decisión, en declaraciones a medios locales dijo que la medida del Gobierno no hace más que "aclarar" a la CorteIDH "lo que ya estaba claro" y contenido en el acuerdo oficial que reconoce la competencia de ese tribunal internacional.

El artículo dos del acuerdo 123-87, del 8 de marzo de 1987, por medio del cual el Estado de Guatemala reconoce la competencia de la CorteIDH, estable una "reserva" en cuanto a que los casos en que esta podrá conocer "son exclusivamente los acaecidos con posterioridad" a esa fecha.

Arenales no se refirió al error que contendría el acuerdo oficial, y aseguró que el mismo será entrado la próxima semana al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno José Miguel Inzulsa, para que este a su vez lo gire a la CorteIDH.

Soto explico que aunque el acuerdo no tuviera ningún error, "de todas formas no tiene sentido ni aplicabilidad", porque "la CorteIDH no juzga al Estado de Guatemala por los casos ocurridos antes de 1987, sino por la denegación de Justicia en que ha incurrido después de esa fecha".

"El sistema interamericano no condena al Estado por los asesinatos, masacres, secuestros o desapariciones forzadas ocurridas antes de 1987. Lo condena porque ha negado el derecho a la Justicia a las víctimas y sus familiares que la han pedido después de esa fecha", explicó el activista humanitario.

Desde 1996 a la fecha, la CorteIDH, con sede en Costa Rica, ha condenado a Guatemala por 28 casos de violaciones a los derechos humanos, la mayoría ocurridos antes de 1987, en el contexto de la guerra interna que vivió este país entre 1960 a 1996.