La dictamen del Consejo Constitucional contra medidas fiscales del Gobierno francés, en particular al impuesto del 75 % para los muy ricos, generó hoy polémica por el costo, mayor de lo esperado, que puede tener para las arcas públicas cuando la reducción del déficit es una prioridad absoluta en 2013.

El presidente, el socialista François Hollande, que atraviesa el bache de popularidad más severo para un jefe de Estado con sólo siete meses en el cargo, tiene que responder no sólo al revés político del Consejo Constitucional al anular su tasa excepcional para los que ganan más de un millón de euros al año, sino también a la pérdida de ingresos que conlleva ese dictamen.

La polémica sobre esos efectos financieros la lanzó "Les Echos" al revelar que, de acuerdo con documentos presupuestarios y parlamentarios, la censura de los magistrados constitucionales a varios dispositivos fiscales amputará la recaudación en una cantidad comprendida entre los 1.000 y los 1.100 millones de euros este año, el doble de lo reconocido inicialmente por el Gobierno.

La réplica del Ejecutivo a esta nueva vía de agua a su gestión llegó por boca de su portavoz, Najat Vallaud-Belkacem, que en una entrevista en la televisión "France 2" se esforzó en puntualizar las cifras del diario económico y en tratar de quitarles importancia.

Vallaud-Belkacem comentó que "la prensa especula" y que los 500 millones que su Gabinete había dado como costo de la censura constitucional tienen que ver en particular con el impuesto del 75 % a los más ricos, "pero no sólo", por lo que dio a entender que hay también otros dispositivos, sin especificar cuáles.

Desde la oposición conservadora, la exministra Valérie Pécresse reclamó "total transparencia" sobre el costo exacto de esas medidas, pidió una comparecencia de los titulares de Finanzas y del Presupuesto, y se preguntó "quién va a pagar" por una acción de un Gobierno al que criticó por "aficionado".

"Les Echos" había precisado que se perderán 400 millones de euros al no poderse gravar los dividendos e intereses percibidos en 2012 -porque habría sido una medida retroactiva, y por tanto ilegal- con un nivel impositivo equivalente al que corresponde en el impuesto sobre la renta a cada contribuyente, en lugar del 21 % o el 24 % que se aplicaba hasta ahora.

La Administración tampoco ingresará unos 200 millones de euros por la que se presentaba -por su carácter simbólico para la izquierda- como la estrella de los presupuestos: el impuesto del 75 % para todos los ingresos que superen un millón de euros, que en cualquier caso sólo iba a afectar a unos 1.500 contribuyentes.

El Consejo Constitucional lo tumbó, sin siquiera entrar a pronunciarse sobre si se trata de un tipo confiscatorio por excesivo, con una alegación de naturaleza más bien técnica: la tasa era injusta porque se aplicaba individualmente a las personas, y no a las unidades fiscales que constituyen las familias.

Hollande, en su discurso de fin de año el pasado lunes, reiteró que volverá a la carga con ese impuesto para ricos, que fue una de las promesas más sonadas de la campaña para su elección en mayo pasado frente a su predecesor, el conservador Nicolas Sarkozy,

Sin dar detalles sobre cómo lo hará, indicó que se acondicionará el dispositivo censurado "pero sin cambiar su objetivo" de "justicia social". Algo que, salvo sorpresas, no podrá hacerse efectivo hasta el presupuesto de 2014.

El fisco se quedará sin entre 100 y 200 millones de euros porque el Constitucional eliminó algunos ingresos para el cálculo de la base imponible del impuesto sobre la fortuna (ISF) y sin 180 millones por el incremento de los tipos impositivos para las plusvalías inmobiliarias que superen los 50.000 euros.

Por último, siempre de acuerdo con las proyecciones de "Les Echos", se perderán 126 millones de euros por la eliminación de un artículo referido a la actividad de la Agencia de Gestión y de Cobro de Bienes Confiscados.

Aunque tienen una dimensión limitada, el recorte en la recaudación que lleva aparejado el dictamen del Constitucional hace todavía más difícil la meta del Gobierno francés de disminuir el déficit público este año al 3 % del Producto Interior Bruto (PIB), sobre todo porque su previsión de crecimiento del 0,8 % se considera demasiado optimista por la mayoría de los analistas.